El juez de Ejecución Penal N°10 de Río Negro, Juan Pablo Chirinos, multó al gobernador de aquella provincia y a los funcionarios del área del Ministerio de Gobierno y Justicia por no cumplir con los reiterados pedidos de arreglos en el penal de esa provincia. El problema de hacinamiento en el lugar fue la principal causa de la acción del juez. Es la misma situación que viven hoy las mujeres alojadas en el Correccional de Mujeres de esta provincia. En tanto continua la controversia en cuanto a la cantidad de internos que hay en el penal de hombres.

En diálogo con Radio Ancasti, el juez relató como fueron los pasos que llevaron a la multa de las autoridades gubernamentales de su provincia.

"La situación carcelaria en Río Negro es complicada, tenemos una sola cárcel que tenía internos de Viedma y Bariloche. La cárcel es la más vieja, si bien había tenido ampliaciones estaba sobrepasada en su capacidad. En 2010 sacamos un fallo obligando al gobierno para que en 2 años alcanzara el cupo real que puede contener esa cárcel y dimos algunas autorizaciones", destacó el magistrado.

"Desde 2010 al 2013, cada 6 meses hicimos visitas periódicas con todos los funcionarios. En esas visitas iban muchas autoridades y todo el mundo se comprometía, pero no había respuestas concretas. En diciembre del año pasado, cuando se vencieron los dos años empezamos a hacer reuniones periódicas, que fueron audiencias públicas vinieron varios ministros y les dije que me digan quienes eran los responsables y a quien tengo que obligar a que hagan las obras", detalló.

En este sentido, dijo que en esa oportunidad el Gobierno aportó una serie de medidas, declaró la emergencia penitenciaria, dispuso fondos, pero después no se concretaron las obras.

"Lo volvimos a condenar que en un plazo menor se hicieran las obras. En julio hicimos otra visita y nos dijeron que en 45 días iban a iniciar las obras. Después de los 45 días no cumplieron nuevamente y salió la multa a estos funcionarios", señaló.

Y explicó que "la sanción fue para los funcionarios para que movieran los expedientes. Ahora se levantó porque a los 10 días se iniciaron las obras. Faltaba solo la decisión política", puntualizó Chirinos.

"Era preocupante porque la tasa de muertes que teníamos en el penal era altísima, todas derivadas de la alta población. Era una cárcel que cuando arrancamos en 2010 tenía lugar para 250 y había más de 350. Hasta había problemas con la entrega de la comida", dijo.

Represalias

En cuanto a las repercusiones de la medida tomada, Chirinos dijo que "hubo amenazas de jury de enjuiciamiento, pero es un riesgo profesional. Un juez que no tiene un jury al año básicamente no está trabajando", finalizó.

Se busca una casa para el Correccional

Daniel Romero, director del Gabinete Terapéutico del Servicio Penitenciario provincial respondió en cuanto a la situación planteada por la Jueza de Ejecución Penal, Elizabeth Cabanillas. En cuanto al número de internos destacó que la jueza debe haber incurrido en un error. "En el penal hay un total de 459 y es un número que fluctúa", rectificando el número de 562 internos señalados por la magistrada.

Al referirse al hacinamiento del correccional de mujeres aceptó que el problema existe, por lo que adelantó que se están llevando adelante gestiones "no sólo para la construcción del nuevo Servicio Penitenciario de Mujeres, sino también para la próxima locación de una vivienda en donde serán alojadas las mujeres condenadas y así quedarían netamente separadas", concluyó Romero.