El presidente José Mujica decidió elevar al Congreso un proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) con ciertas similitudes con la normativa argentina de octubre de 2009. El gobierno dejó trascender la posibilidad de que el texto ingrese esta semana al Legislativo, pero su contenido sigue siendo un misterio hasta para los senadores y diputados del oficialista Frente Amplio y sólo se conocen algunos aspectos a través de los trascendidos periodísticos.

Según el semanario Brecha, el proyecto –unos 190 artículos consensuados por un grupo de trabajo compuesto por 15 estudiosos designados por los sindicatos, el mundo académico, organizaciones no gubernamentales y representantes de las cámaras empresariales del sector–apunta a regular el sistema de medios audiovisuales.

Un borrador que publicó Brecha dos meses atrás incluye un marco de principios y disposiciones garantistas de la libertad de expresión. En primer lugar, considera a la comunicación audiovisual como un servicio cultural, además de tener un carácter económico. El proyecto establecería que el sistema de medios debe funcionar bajo las convenciones internacionales de protección de la libertad de expresión, libertad de información y la Convención sobre Diversidad de Expresiones Culturales adoptada por la Unesco. De acuerdo al trascendido periodístico fija, además:

l Garantías a la libertad de expresión y la independencia de los medios, reconoce la libertad editorial y prohibiría expresamente que el Estado emplee mecanismos de censura indirecta o presiones para afectar la independencia de los medios.

l Una "cláusula de conciencia" para proteger a los periodistas de la manipulación que pretendan ejercer los empresarios periodísticos. Establece un despido especial ante un cambio de línea editorial del medio que afecte en forma grave su integridad profesional o ética. También incluye el derecho a no firmar una producción propia que ha sido manipulada.

l Que el Estado prevenga y actúe para impedir la formación de oligopolios y monopolios, aunque mantiene vigente la actual estructura de medios, al menos durante 20 años más. No cambian los límites actuales de concentración. Cuando se constate que uno o varios grupos económicos superen el límite de frecuencias que puedan mantener en su poder, el proyecto prevé cinco años para adecuarse a la nueva situación.

l Mecanismos para la protección de grupos vulnerables, como las personas con discapacidades y los niños y adolescentes. Regula la exhibición de espectáculos de alto interés público, garantizando un mínimo de eventos deportivos en la televisión abierta.

l Disminuye levemente los tiempos máximos de publicidad por hora y prohíbe la publicidad encubierta o subliminal, así como que las televisoras presten servicios de telecomunicaciones (telefonía y transmisión de datos). A su vez, prohíbe a las empresas telefónicas prestar servicios de televisión. «

Equipo de Mundo

buscarán restos de desaparecidos

Un grupo de antropólogos está a la espera de la orden judicial para iniciar las excavaciones en un antiguo cementerio ubicado a 70 kilómetros de Melo, capital del departamento de Cerro Largo, al noreste de Uruguay, donde se presume que fueron sepultados desaparecidos durante la dictadura militar (1973-1985). El cementerio es lindero a un campo que fue propiedad de un general de la dictadura. La investigación judicial se inició por la denuncia del secretario de la Presidencia de la República, Homero Guerrero.

La semana pasada la justicia uruguaya condenó al general Miguel Dalmao a 28 años de prisión por los crímenes cometidos durante la dictadura. Dalmao, de 61 años, se convirtió en el primer militar en actividad condenado y fue encontrado responsable del homicidio de la militante comunista Nibia Sabalsagaray, de 24 años, en una unidad militar en 1974.

Cifras oficiales sitúan en 37 las personas detenidas-desaparecidas durante la dictadura, mientras que organizaciones de defensa de los Derechos Humanos afirman que son más de 200.