MONTEVIDEO.- El presidente de Uruguay, José Mujica, relevó ayer de su cargo al comandante de la División I del ejército, el general Luis Pérez, después de que éste mantuviera una fuerte discusión con el comandante en jefe de la institución armada, Jorge Rosales.

La destitución se produce en momentos de una agitada interna militar por la decisión del gobernante Frente Amplio de anular, desde el Congreso, la ley de caducidad, que dio protección legal a los militares acusados por violaciones de los derechos humanos durante la dictadura (1973-1985).

El relevo no se dio por discrepancias sobre el tratamiento legislativo de la ley de caducidad, según aseguraron a LA NACION fuentes militares y del Poder Ejecutivo.

La Casa de Gobierno desmintió también que el general Rosales hubiese estado pensando en presentar su renuncia debido a la más que posible anulación de la ley.

"Son infundados los trascendidos de prensa que indican que el comandante en jefe Rosales habría puesto a consideración su cargo", señaló en un comunicado.

Rosales, sin embargo, transmitió a generales del arma y a funcionarios su voluntad de alejarse del cargo si se confirma la derogación de la norma.

A mediados de abril, el Senado otorgó media sanción al proyecto de anulación de la ley de caducidad con los votos del izquierdista Frente Amplio, en el poder desde 2005. La votación del proyecto en la Cámara de Diputados estaba prevista para el 20 de mayo -día en que se recuerda a las víctimas de la dictadura-, pero fue adelantada un día.

Mujica se trasladó al mediodía al Palacio Legislativo para explicar a su vicepresidente, Danilo Astori, el problema que se había dado en el ejército entre dos de sus generales y que había decidido destituir al jefe de la principal división del ejército.

Rosales recibió información sobre cuestionamientos que le había expresado Pérez y le pidió que ratificara o rectificara esas apreciaciones. La discusión no fue sobre la amnistía a militares, sino sobre otros asuntos internos del ejército. El tono de la discusión fue alto y Rosales dispuso arrestar al general Pérez, pero tanto el Ministerio de Defensa Nacional como la Presidencia de la República entendieron que correspondía el relevo y que era conveniente cancelar el arresto.

Rosales estaba preocupado ayer por la forma en que se transmitiría la resolución, debido a que justo el episodio se daba mientras sigue la tensión por la ley de caducidad. Por eso convocó a una reunión de todos los generales del ejército y ahí aseguró que no ha cambiado su postura de rechazo al proyecto de ley.

Tras la reunión de los generales, el jefe del Estado Mayor del ejército, general, José Burone, dijo que "las razones de servicio" por las que fue destituido Pérez "no tienen ninguna vinculación con el tratamiento parlamentario de la ley de caducidad ni con ningún otro orden político".

Rosales prefirió no hablar con la prensa. Su intención de renunciar cuando se vote el proyecto fue analizada por los legisladores del Frente Amplio. El senador Carlos Baraibar, único legislador de la primera bancada de la coalición de izquierda, creada en 1971, dijo que "sería una pena que Rosales dejara el cargo".

Facultad de veto

Mujica tiene la facultad de vetar el proyecto. El presidente no está de acuerdo con el polémico texto, pero dijo que no está dispuesto a vetar porque discrepa de ese instrumento presidencial.

El vicepresidente Astori transmitió a algunos diputados que si el texto se vota podrá tenerse un resultado contrario al buscado, porque todos los catedráticos en derecho constitucional han transmitido que el texto viola la Constitución.

Por eso, se espera que los abogados de militares presenten recursos ante la Suprema Corte y eso deje congelados todos los juicios por denuncias de hechos de la dictadura. Pero los diputados de la izquierda respondieron que tienen un mandato del Plenario Nacional del Frente Amplio para votar el proyecto.