El presidente uruguayo sorprendió con su propuesta de enviar a prisión domiciliaria a miembros de las Fuerzas Armadas acusados de delitos de lesa humanidad. "No puedo ser verdugo de mis verdugos", aseguró.
Esta semana, el presidente uruguayo convocó a los tres jefes de las fuerzas armadas, ante quienes expresó un llamado a la unidad nacional en un encuentro que fue descripto como "sin precedentes" y que recibió críticas favorables de los mandos castrenses. Y ayer, reiteró en la entrevista con la revista uruguaya su propuesta que los militares trabajen a la par de la sociedad con un nuevo rol que les permita superar las diferencias originadas en el pasado.
"El grueso de los militares no tienen nada que ver (con la dictadura). Lo que les pido a los militares es cierta colaboración para que las heridas puedan ir suturándose", expresó el ex guerrillero tupamaro, quien estuvo en prisión los doce años de la dictadura como uno de los denominados nueve "rehenes", sufriendo torturas y tormentos que incluyeron su reclusión en un pozo por dos años. Aun así, desde que asumió la presidencia, Mujica enarboló un mensaje que habla de reconciliación nacional porque, tal como afirmó el martes en su encuentro con los altos mandos militares, "las fuerzas armadas de hoy no deben cargar con ninguna mochila de pasado ante su pueblo."
En la nota con Brecha, interrogado respecto a la posibilidad de impulsar una reforma que permita salir de la cárcel a los detenidos por crímenes de lesa humanidad de más de 70 años, Mujica se mostró a favor de que el Parlamento se ocupe de abordar la cuestión. "Yo no voy a vetar nada de lo que diga el Parlamento… Yo fui preso, la pasé muy mal, pero no puedo ser verdugo de mis verdugos. ¿Se entiende?", aseguró Mujica.
La dictadura y los crímenes de lesa humanidad estuvieron presentes ya durante la última elección presidencial, cuando el Frente Amplio que llevó al ex tupamaro a la jefatura de Estado impulsó, junto a un colectivo de organizaciones sociales y sindicatos, un nuevo plebiscito para derogar la Ley de Caducidad. Pero el caudal de votos que se pronunció por el Sí apenas alcanzó el 47% del padrón, no superando el 50% más uno requerido para avanzar en su derogación.
Aun así, desde esta semana, la polémica normativa volvió al debate político cuando un legislador del opositor Partido Nacional, José Carlos Cardozo, presentó un proyecto para derogarla que será tratado por la Cámara baja a partir de la próxima semana. "El Parlamento es competente para derogar las normas", afirmó Cardozo.
La ley fue aprobada en 1986, cuando se avecinaba una crisis institucional por la negativa de los militares a presentarse a declarar ante la Justicia, y ratificada en un plebiscito por primera vez en 1989.
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