El faltante se registra en los centros de salud comunales desde noviembre del año pasado. Los embarazos reconocidos bajo programa treparon de 70 a 100 sólo en uno de los ex Upas. Hoy se reúnen los profesionales con vecinos para abordar la problemática.
El faltante se registra desde el mes de noviembre pasado y pone en riesgo la continuidad del tratamiento de al menos el 60% de las mujeres de barrios periféricos de la ciudad.
Al respecto la trabajadora social del Centro de Salud 79 (ex Upas 15), Ana Morillo, informó que en mayo se entregó la medicación para menos de la mitad de las mujeres bajo tratamiento.
La misma situación se reproduce en los Centros de Salud de barrio Argüello, Chacra de la Merced y Villa El Libertador, entre otros.
La ex Upas 15 se ubica en el corazón de barrio Nuestro Hogar III y tiene bajo el programa a 1.103 mujeres, de las cuales 446 reciben la inyección anticonceptiva (para las cuales en mayo se entregaron para cubrir sólo a 148), con método oral 310 (se recibieron 192 en mayo), orales de lactancia 66 y con DIU 279. De estos últimos métodos no hubo entrega en los últimos meses por falta de stock en la farmacia municipal. Esto indica que de las 824 mujeres que necesitan del tratamiento mensual, sólo el 40% (340) pudo acceder al mismo. Es que el establecimiento recibe pequeñas partidas que entrega a cuentagotas a los centros de salud, que en el mes de junio alcanzó para cubrir sólo el 3% de la demanda.
“Casi 300 mujeres se quedaron sin el método el mes pasado y hoy (por ayer) nos dieron sólo 15 para las 446, parece un chiste”, añadió la profesional.
De esta manera, no se puede garantizar desde noviembre la continuidad del tratamiento anticonceptivo para el 60% de las mujeres.
Investigan aumento de embarazos
Morillo destacó al respecto que el índice de embarazos bajo seguimiento fijos por mes habitualmente son entre 70 a 77, y este mes trepó a 100. “No podemos asegurar que sea por este faltante, pero es un indicador que vamos a seguir de cerca con los profesionales de cada centro”, señaló la trabajadora social.
En tanto, desde las otras terminales sanitarias aseguran que se repite el mismo escenario.
La entrega de anticonceptivos en la ciudad se ejecuta a través del Programa de Salud Sexual y Reproductiva de la Nación, en cuyo articulado aclara que en caso de no recibir los fondos, son los gobiernos locales los encargados de abastecer los medicamentos.
En su reglamentación especifica que “el Ministerio de Salud deberá orientar y asesorar técnicamente a los Programas Provinciales que adhieran al Programa Nacional, quienes serán los principales responsables de las actividades a desarrollar en cada jurisdicción”.
La normativa se propone el objetivo de “alcanzar para la población el nivel más elevado de salud sexual y procreación responsable con el fin de que pueda adoptar decisiones libres de discriminación, coacciones o violencia”.
Entre los puntos más destacados, se encuentra la finalidad de disminuir la morbimortalidad materno-infantil y prevenir embarazos no deseados, entre otros puntos de importancia.
La ley se basó en tanto en que “estadísticamente se ha demostrado que, entre otros, en los estratos más vulnerables de la sociedad, ciertos grupos de mujeres y varones, ignoran la forma de utilización de los métodos anticonceptivos más eficaces y adecuados, mientras que otros se encuentran imposibilitados económicamente de acceder a ellos”.
Por ello, “es necesario ofrecer a toda la población el acceso a: la información y consejería en materia de sexualidad y el uso de métodos anticonceptivos”.
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