El resultado de las autopsias de las víctimas aportaría datos claves en la investigación que anunció la jueza Carolina Pérez Rojas, la misma funcionaria que aplicó la orden de desalojo resuelta por el juez Jorge Samman antes de irse de vacaciones. La actuación de Pérez Rojas ya generó dudas pues no pudo explicar ante la prensa si las pruebas de parafina que se hicieron a los civiles detenidos también se practicaron a los policías.

Una de las pocas declaraciones oficiales que se conocieron ayer fueron del jefe de Policía, Jorge Ayarde, quien ratificó que los efectivos no utilizaron armas de fuego en el procedimiento. En tanto, el director del Hospital “Oscar Orías”, Roberto Maizel, reveló que le tocó extraer del abdomen de uno de los heridos un perdigón.

Mientras los familiares de los muertos solicitaban la entrega de los cuerpos en medio de desgarradores testimonios que se vieron a través de la televisión en todo el país, se supo por el jefe de Operaciones Policiales Fabián Sosa, que se practicaron las autopsias y que “oportunamente los resultados serán dados a conocer cuando el juez ya lo autorice”.

A todo esto, el predio de la empresa Ledesma continúa ocupado por las familias que regresaron tras replegarse las fuerzas policiales y en ese lugar se velarían los restos de algunos de los muertos, según adelantaron familiares.

Ayer, en la marcha realizada en Libertador para repudiar la represión policial, se anunció el ofrecimiento de 15 hectáreas en Calilegua efectuado por Ledesma, el que no se aceptó.

También se informó a los manifestantes sobre el envío a la Legislatura de un proyecto del Poder Ejecutivo para la expropiación de tierras en Libertador, medida que junto con la designación de Hugo Echavarri como ministro interino de Gobierno, por la renuncia de Pablo La Villa, fueron los dos únicos anuncios oficiales, junto con la confirmación de la muerte de Juan José Velázquez, empleado municipal de Calilegua, la cuarta víctima fatal por disparo de arma de fuego en la cabeza.

El intendente Jorge Ale dio una conferencia de prensa en la que reconoció que en Libertador hay un déficit habitacional muy importante y 500 viviendas inconclusas. “En el plan urbanístico que hace Ledesma cede tres hectáreas en Calilegua para hacer viviendas pero no me agrada esa idea, creo que lo más justo sería que la gente de Libertador tenga la casa en Libertador”, expresó Ale.

El dirigente de la Triple CCC, Enrique Mosquera, quien reclamó la liberación de varias personas que siguen detenidas, explicó que estaban en negociaciones con el diputado nacional Marcelo Llanos y el diputado provincial Rubén Rivarola, quienes llegaron a Libertador con el texto del proyecto en un intento por descomprimir la tensión.

Crudos testimonios de lo ocurrido se escucharon en la asamblea, como el de Alejandra Padilla, quien relató que en la comisaría donde estaba detenida vio cómo a una mujer embarazada que pidió agua le dieron una botella con orina. La madre del joven Ariel Farfán de 17 años clamó por un lugar para poder velar los restos de su hijo, ya que no tenían dónde vivir y por eso estaban en la toma.

En la capital de Jujuy, numerosas organizaciones sociales, de Derechos Humanos, gremios estatales y agrupaciones políticas de izquierda no alineadas con el Kirchnerismo, protagonizaron una movilización para repudiar la represión policial, en el marco de una jornada de duelo. Por su parte, agrupaciones dependientes de la Organización Barrial Tupac Amaru, convocaron a la prensa para repudiar los hechos y solidarizarse con los familiares de las víctimas, pero no se plegaron a la marcha.