Aunque la Fiscalía de Estado bonaerense aún analiza los pasos que dará tras la resolución de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo que confirmó que son 89 las víctimas fatales producto de la inundación catastrófica que afectó a La Plata durante el 2 y 3 de abril de 2013, trascendió que la intención es la de descartar la vía de la apelación a la Suprema Corte para evitar una dilación en el tiempo. En paralelo, el gobierno bonaerense analiza el fallo que en su punto sustancial (la cantidad de muertos) respalda lo actuado por el juez de primera instancia, Luis Arias. Por un lado advierten sobre cierta relatividad de esa confirmación, pues los camaristas supeditan la cifra a una ratificación por parte de la justicia penal. Y por otra remarcan que los jueces descartaron a través de sus fundamentaciones que haya existido un intento deliberado de los funcionarios de ocultar información.

Respecto de la estrategia judicial que se aplicará a partir de la decisión de la Cámara, que básicamente fija en 89 el número de víctimas fatales de la inundación y establece el derecho a la verdad colectiva como forma de reparación social, fuentes de Gobernación indicaron que la intención inicial es no apelar al máximo tribunal, y que la razón estaría sustentada en los tiempo políticos. Una intervención del máximo tribunal extendería la resolución del caso al menos hasta el año que viene, con todo lo que 2015 depara en materia electoral.

De todos modos aún no está claro cuál será el camino que elegirá el fiscal de Estado, Hernán Gómez. Dejar que las cosas transcurran, es decir que se cumpla lo que disponen los camaristas sin apelar, podría ser una opción. Sin embargo se analizan otras posibilidades de recurrencia, con la misma Cámara como protagonista.

De todos modos, la notificación llegó a su despacho este lunes, por lo que recién desde ese momento corren los diez días de plazo. Y nada hasta ahora ha sido decidido.

Respecto de la primera opción (la de dejar que el tiempo confirme la sentencia), entrarían en juego los puntos que son rescatados como “positivos” de la resolución de los jueces Claudia Angélica Matilde Milanta, Gustavo Juan De Santis y Gustavo Daniel Spacarotel.

Uno de ellos es el ítem 3 de la parte resolutiva. Llama la atención de las fuentes consultadas que establezca que el alcance de la sentencia que fija en 89 la cantidad de muertos “queda supeditada a cuanto resulte en definitiva de la órbita competencial inherente al fuero penal, acerca de las ‘causales de muerte’”.

Ocultar o no ocultar. En el Gobierno resaltan como especialmente "importantes", en un contexto que se empieza a jugar también en la Legislatura con un pedido de juicio político contra el gobernador Daniel Scioli, las fundamentaciones de los tres camaristas, cuando manifiestan no encontrar evidencia de que el gobierno bonaerense tuvo entre sus intenciones la de ocultar información.

Se aferran, sobre todo, a lo expuesto por la jueza Milanta, quien refiere en su postura que los cuestionamientos de Arias sobre la intervención estatal “no permite advertir un deliberado propósito de ocultamiento de la accionada -como aquél sostiene-, sino el contexto de diversos aspectos que pudieron haber confluido con motivo del desastre meteorológico”.

La observación que se hace en el Gobierno, según indicaron las mismas fuentes, se detiene también sobre las falencias en la registración de fallecimientos que Arias plantea haber verificado durante el trámite de la causa. Es allí donde la jueza Milanta sostiene que no se advierte “un deliberado propósito de ocultamiento”. Considera que arribar a conclusiones sobre el funcionamiento de las distintas instancias intervinientes “supera ampliamente las posibilidades y ámbito resolutorio del presente curso procesal. De ahí que sus enunciados carecen de consecuencias decisorias en y sobre el presente litigio”.

Y avanzan sobre la información dada por el Gobierno en las primeras horas tras la catástrofe respecto a la cantidad de fallecidos. Milanta destaca que “la Fiscalía de Estado no desconoce su acaecimiento ni discute expresamente la vinculación causal reconocida en cada caso, sino que hace hincapié en la imposibilidad de su inclusión -por razones temporales- en los listados oficiales dados a conocer inicialmente, circunstancia que -a su entender- impediría sostener que el Poder Ejecutivo ha parcializado u ocultado dicha información”.

Según el análisis oficial, buena parte de los decesos consignados en la sentencia de Arias se produjeron después del 4 de abril, fecha en que el gobierno provincial informó sobre un registro de 52 muertes contabilizadas hasta ese momento.

Sin embargo, esa lectura no avanza, naturalmente, sobre lo que en aquel momento fue una aparente decisión política de resistir la incorporación de nuevos fallecidos a la lista, corporizada en la manifestación explícita de cerrar la nómina hecha por los funcionarios bonaerenses en medio de la crisis por la catástrofe.

El otro punto al que el Gobierno le puso el ojo es el que remite al pedido de que se incorporen notas marginales en los registros de fallecidos que indiquen que son producto de la inundación.

Los jueces indicaron que si bien corresponde rectificar los certificados de defunción que poseen datos erróneos, “no se encuentra en la sentencia (la de Arias) un adecuado y suficiente sustento fáctico y, en especial, jurídico, que sirva de motivación” para ello. Los camaristas también desestimaron por “innecesaria”, la publicación de la nómina en el Boletín Oficial.