Pero en la Argentina de 2011 se vive en un generalizado clima de intolerancia y violación de las normas. Todo lo que se relaciona con el cumplimiento del marco jurídico ha sido ya estigmatizado como reaccionario y antipopular. La semana dejó varios de estos ejemplos en la escena nacional. Por ejemplo, el desalojo total del asentamiento de personas bautizado “La Veredita”, en el Bajo Flores, sólo se pudo concretar cuando el Gobierno de la Ciudad aceptó entregar $ 1.050.000 en diez cuotas mensuales a las 150 familias que intrusaban esos 400 m2 públicos. El desalojo sólo fue factible tras cinco prórrogas y tras agotadores trapicheos, cuando ya había vencido el plazo dado por el fallo de la jueza penal y contravencional Claudia Alvaro, que ordenó desalojar a las 245 personas que venían ocupando desde noviembre de 2010 veredas de la avenida Riestra y la calle Portela. Lo notable es que Mauricio Macri decidió autorizar ese pago pese a que a fines del año pasado él y el gobierno nacional había declarado que no habría más subsidios a usurpadores de tierras públicas. Una resolución judicial de Elena Liberatori, la fogosa jueza contencioso-administrativa que quiere decretar la felicidad para todos con decisiones de ese tipo, avaló una medida cautelar interpuesta por un abogado que decía patrocinar a 116 de los ocupantes ilegales de La Veredita. Las topadoras y los camiones del Ministerio de Espacio Público porteño recogieron todos los desechos que quedaron en el lugar y la intrusión terminó, pero muchos se fueron con dinero en el bolsillo. Prevalece la noción de que los argentinos tienen sobre todo derechos y garantías, pero escasos deberes y pocas responsabilidades. Este viernes, casi 1.000 estudiantes mendocinos produjeron la colosal hazaña de una nueva “rateada” masiva, proeza revolucionaria que armaron a través de Facebook. Enfervorizados de pasión militantes, los adolescentes mendocinos se agolparon en céntrica Plaza Independencia de la capital. La gran viveza mendocina no fue ajena al analfabetismo; se denominó “ratiada masiva” (sic). A la festiva movida de viernes acudieron más de 4.000 jóvenes. ¿Extrañarían la serie de feriados interminables que el Gobierno nacional decretó en marzo, cuando entre el Carnaval y la recordación del 24 de marzo de 1976, la Casa Rosada dispuso cuatro días no laborales, más dos fines semanas encadenados, un regocijo obligatorio de ocho días? ¿Por qué no se “ratiarían” (sic) los chicos, si los adultos en el poder les aseguran que la Argentina vive sus días más felices? En Buenos Aires, en cambio, el Gobierno de Cristina Kirchner hace tronar el escarmiento. La Comisión Nacional de Valores (CNV) sumariar a Siderar (grupo Techint) y todo su directorio. ¿Razones? La mayoría de sus integrantes en asamblea de accionistas realizada el 15 de abril, decidió no permitir que la ANSeS aplique, como accionista, sus derechos políticos en proporción al 25,9% del capital accionario de Siderar que retiene en su poder. Para la CNV, el accionista mayoritario (Techint) y sus directores aceptaron desconocer una norma jurídica vigente a la fecha del acto asambleario. La asamblea de accionistas le niega legalidad al decreto de necesidad y urgencia 441 firmado por Cristina Kirchner que elimina el tope del 5% de las acciones como límite para votar por parte de la ANSeS. La resolución del Gobierno aumenta la asfixia oficial a Techint. Para la empresa, la mayor trasnacional argentina, “la asamblea no tiene nada que ver con el gerenciamiento de la empresa, son dos cosas separadas, no entendemos cómo se involucra en este sumario a los directores de la compañía”. El tejemaneje de decisiones y omisiones es profundamente errático. Tras haber recortado un 20% los cupos de gasoil subsidiado para el transporte colectivo, la Secretaría de Transporte de la Nación lo pensó de nuevo y decidió “compensar” esas quitas pagando mayores compensaciones económicas a los operadores de los servicios urbanos. El secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, admitió que la Nación decidió “compensar” con mayores subsidios el nuevo recorte parcial aplicado a la distribución de ese gasoil subsidiado que reciben las líneas del interior del país. El Gobierno convalidó la reducción de los cupos de gasoil subsidiado que aplicaba de hecho YPF en los últimos meses, algo descripto como una herramienta de presión para poder cobrar compensaciones atrasadas. Las provincias y los principales municipios que comenzaron a sufrir recortes de servicios se quejaron cuando la Casa Rosada bajó de 97 mil a 79 mil metros cúbicos mensuales las partidas de gasoil que las petroleras estaban obligadas a proveer a la patria colectivera razón de 97 centavos el litro, equivalente al 25% de lo que cuesta comprarlo en los surtidores. Ni cortos ni perezosos, gobernadores e intendentes miraron hacia la Plaza de Mayo. Fiel al estilo discrecional y ajeno a toda planificación que caracteriza al Gobierno, el secretario de Transporte tuvo que recular y darle ese dinero a la corporación colectivera. Seguirá el festival de subsidios para compensar los recortes del gasoil diferencial. Las líneas urbanas cordobesas, por ejemplo, seguirán recibiendo el 86% del gasoil que consumen a precio diferencial.