Por orden de Hugo Moyano, Daniel Colombo Russell –gerente general–, Abel Beroiz, gerente jurídico y Christian Asorey, de Sistemas y Tecnología renunciaron ayer a la Administración de Programas Especiales (APE), el organismo que administra el pago de los subsidios a las obras sociales nacionales por los tratamientos médicos de alta complejidad.
La APE, con 204 empleados y funcionarios, es una especie de “reaseguradora” de las obras sociales. Su objetivo es financiar los gastos en que incurren las obras sociales por los tratamientos y medicamentos de alta complejidad.
Este año tiene previsto manejar $1.059 millones. Ese presupuesto proviene de parte de los aportes y contribuciones de empleadores y trabajadores a las obras sociales.
La APE está sospechada de haber pagado gastos “apócrifos ” a varias obras sociales. Por esa acusación está preso Juan José Zanola, de la Asociación Bancaria, y procesado el “Momo” Venegas de UATRE (rurales). También existen sospechas que habrían realizado operaciones fraudulentas con los “troqueles” de medicamentos la obra social de camioneros.
“Hicimos inversiones por mil millones y estamos boludeando por nueve troqueles de 20 mil pesos” , dijo el dirigente de camioneros Eduardo Altamirano, quien el jueves fue el vocero del gremio en denunciar la “persecución” judicial y mediática que estaría sufriendo Hugo Moyano.
En los últimos días, y ante la extensión de las denuncias, existió la versión que el Gobierno tenía en carpeta disolver la APE, como lo hizo con la ONCCA. Ahora, con el retiro de los hombres, el organismo queda prácticamente en acefalía.



Comentá la nota