Desde el MPPDH plantean que la actuación de la policía "con impericia, autoritarismo y violencia" generó el caso del joven Matías González.
“En estos últimos 30 días han ocurrido dos hechos de suma gravedad que involucraron a la policía de la provincia de La Pampa. El primero ocurrió antes de fin de año y fué la golpiza y posterior detención a cargo de una decena de oficiales de dos adolescentes desarmados que tenían una liebre en su mochila. El segundo y con un final trágico fue la detención de cuatro jóvenes por tener actitud sospechosa, desarmados, recién salidos de la pileta a las 19 horas en la Avenida Perón, que sin cometer delito alguno fueron víctimas de apremios ilegales, descargas de gas pimienta y a uno de ellos, Matías Gonzalez, le fue amputada una pierna y peligra su estado de salud como consecuencia del desmedido y brutal accionar policial”, detalló Víctor Giavedoni, en un comunicado.
“En ambos casos, la policía actuó con impericia, autoritarismo y violencia, caracteres que se derivan de la manera en que opera la fuerza pública. Aducen recibir llamados anónimos, o de personas que “no serían oriundas de esta ciudad”, motivo por el cual inician procedimientos por identificación, “averiguación de antecedentes” o “presunta actitud sospechosa”. Ambas circunstancias (las supuestas denuncias anónimas y las averiguaciones de antecedentes o actitudes sospechosas) no son otra cosa que subterfugios que pretenden ocultar, del modo más burdo, la verdadera fuente de información (la propia policía), las detenciones arbitrarias y los apremios ilegales”, prosiguió.
“Se trata de viejos hábitos policiales, engendrados al amparo de estados de facto. En efecto, las leyes y costumbres que rigen las actuaciones policiales de la provincia datan de la dictadura militar”, subrayó.
Giavedoni aclaró que “ningun agente público está autorizado por la ley a detener a ningún individuo “para identificarlo, por averiguación de antecedentes, o por actitud sospechosa”, mucho menos si se trata de una exposición o denuncia anónima”.
Estas acciones, según el militante, “no se derivan solamente de una deficiente formación y entrenamiento policial, que sabemos deja mucho que desear, dotando de un arma de fuego a un cadete con sólo seis meses de adoctrimiento. Se trata de hábitos institucionales que hacen a la esencia misma de la policía, que dejan de lado el marco legal”.
“En un estado de derecho, la ley vale más que la costumbre. Este simple pero elemental principio, no ha sido incorporado todavía por las autoridades policiales de la provincia”, planteó.
“Los primeros responsables son las autoridades políticas y los legisladores, que no han actualizado la legislación pertinente en estos 27 años de democracia”, sostuvo.
El MPDH exigió la “modificación de la ley orgánica policial, y de todas las leyes que rijan su actividad, adecuándola a los principios elementales de los derechos humanos y el Estado de Derecho; la creación de la policía judicial; no al gatillo fácil y a la represión policial; basta de criminalización de la juventud y la pobreza”.
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