La recuperación de los fondos que el Estado provincial invierte en viviendas sociales siempre fue un tema que navegó en aguas turbias, imponiéndose la creencia (bastante fundamentada por cierto) de que estos dineros no se recuperaban, porque “nadie termina pagando estas viviendas”.

Sin embargo, esta tendencia se revirtió en los últimos años, pasando el gobierno provincial a aumentar un 120 por ciento la recuperación de fondos por mora en viviendas del IPV (Instituto Provincial de la Vivienda).

Consultado el subsecretario de Vivienda, Gustavo Bacile, confirmó a LA MAÑANA que entre el año 2007, fecha en que asumió Juan Schiaretti, y 2010, se mejoró la tasa de recuperación de fondos un 120 por ciento, lo que en números significa una recaudación de más de 58 millones de pesos anuales.

“En 2007, se cobraban 40 millones de pesos producto de alrededor de 55.000 viviendas, y en 2010 esa suma ascendió a 98 millones anuales, en tanto en 2011 esperamos superar los 120 millones”, explicó Bacile.

Los mecanismos que se implementaron para bajar la morosidad en el pago de las viviendas sociales fueron varios. En 2008, se lanzó una serie de formas de refinanciación, mientras que en abril de 2009 la Legislatura aprobó una ley que permitía una merma de hasta el 40% si la cancelación de la deuda era total.

Por último, se aplicó una gestión de cobranza más intensa, a través de un sistema informático que detectaba mes a mes el grado de cumplimiento de los compromisos de aquellos que habían refinanciado sus deudas.

Según Tacile, con un mayor recupero, el gobierno pudo en los últimos años emprender un plan destinado a la erradicación de la vivienda rancho para combatir el mal de Chagas.

“Se trata de 1.500 viviendas en ejecución, de las cuales se entregaron 500 y a fines de 2011 llegaremos a las 2.100”, estimó el funcionario provincial.

Parte de estos fondos se está aplicando a la construcción de viviendas en Barranco Yaco, Bajo Pueyrredón y Cambo de la Ribera, unas 800 casas, y a la realización de la infraestructura de las villas de emergencia, como ser cloacas, luz y agua potable. También se iniciaron obras en barrio General Savio.

De las 55.000 viviendas que la provincia debe cobrar, el grado de morosidad eran en 2007 de 36.000. Con las políticas se logró que comenzaran a regularizar su situación alrededor de 24.000, quedando 12.000 en las que se está trabajando para que ingresen sus propietarios en algún plan de normalización.

Las cuotas de las viviendas IPV van desde 40 pesos (los planes más viejos) a 600 pesos, los más nuevos, aunque el promedio es de 130 pesos por mes. Del cobro de estas cuotas dependen que muchos más cordobeses sin techo y con posibilidades financieras nulas de acceder a los preciios de mercado, puedan lograr el sueño de la casa propia.