Los números fueron entregados por el tribunal a la Comisión Legislativa de evaluación y reforma del Instituto Provincial Autárquico Unificado de Seguridad Social.

Los 38 millones de deuda restantes se distribuyen entre los demás poderes y organismos estatales, entre los que se encuentran 11,9 millones de la Dirección Provincial de Energía; 6,5 millones de la Dirección Provincial de Vialidad y 6,4 millones de la Dirección Provincial de Puertos.

De la certificación además surge una cifra de deuda exigible por 1580 millones de pesos por la falta de cancelación de los Compromisos de Pago Previsional Mensual estipulados en la ley 676, por la cual el Estado provincial asumió el carácter de deudor con el Instituto por las imposiciones financieras que la Caja de Jubilaciones tenía en el Banco de Tierra del Fuego afectadas por la institución bancaria para créditos a particulares, que en varios casos recayeron en la categoría de incobrables.

Ahora, la Comisión legislativa deberá estudiar opciones de pago de esta deuda, que sean viables, sin que se arriesgue la sustentabilidad de los regímenes asistencial y previsional a cargo del Instituto ni la prestación de las funciones indelegables por parte del Estado.