A eso están abocados el secretario de Planificación y Promoción Económica, Mario Montecchia, y titular la de Desarrollo Social, Silvina Lavítola, quienes informaron que están trabajando junto al director de Urbanizaciones Sociales Planificadas, Julio Deymonnaz.

Ahora -explicaron en comunicados de prensa ya difundidos, el último esta semana- prevén "unificar criterios sobre las condiciones de ocupabilidad y condiciones generales que deben cumplir los ocupantes y/o adjudicatarios, para hacer uso de las parcelas", por lo que en poco más de un mes han llevado a cabo un relevamiento.

Lo propio se hará con otras viviendas sociales, para que "cientos de familias veinticinqueñas cuenten con los instrumentos dominiales que le aseguren la efectividad de posesión y propiedad de lotes que durante décadas fueron entregados sin haberse formalizado los títulos de los mismos".

Montecchia y Lavítola advirtieron que la tarea "es compleja", pues como por años "nada se hizo", hay "muchas situaciones conflictivas de los vecinos con el municipio".

Más vale tarde que nunca para efectuar lo que debió hacerse desde hace más de diez años. Cabe esperar obtengan éxito en las gestiones y avancen sobre otras unidades habitacionales en similar situación, algunas erigidas en tierras aportadas por la comuna y en las cuales también existen irregularidades.

Lo llamativo es que Montecchia y Lavítola aludan a los contratiempos generados por la inactividad durante tanto tiempo, obviando que ambos vienen ocupando cargos, situación que ediles opositores analizan plantear mediante un pedido de informes.

Montecchia fue director de Promoción Económica, luego concejal oficialista y jamás refirió al problema durante la gestión del ex intendente Mariano Grau. Lavítola ya era secretaria de Desarrollo Social con el ahora senador y jamás habría accionado para sanear los "potenciados conflictos" que ahora declaman, e incluso habría sido por su cargo responsable de la entrega, por parte de otras áreas, de parcelas a vecinos sin cumplir los pasos fijados.

"Nos dieron los terrenos, construimos y recién cuando estábamos por mudarnos vinieron a realizarnos un revelamiento", confió uno de los beneficiarios de un predio de calle 23 al que accedió por vía municipal, pero del que aún no tiene posesión, porque esa tierra había sido donada por una familia al Estado, pero no se habían concluido los trámites legales de aceptación. En concreto, hoy apenas poseen una ocupación "en forma precaria", y no tienen certeza respecto a la inversión que hicieron en algunos casos, porque otros directamente no se animan a construir.

Por tanto, del accionar municipal se desprenden dos hechos irrefutables. Es correcto que se busque regularizar la situación de beneficiarios de viviendas sociales, como llamativo que buscando diferenciarse -como muchos funcionarios de Victoria Borrego- de una gestión de la que fueron parte, Montecchia y Lavítola aludan a lo que no se hizo sin tener en cuenta que son en menor o mayor grado responsables de esa falta de accionar.

Más allá de la sorpresa de la crítica a su mismo gobierno por parte de los funcionarios, lo más importante es que ahora están llevándose a cabo los trámites, de relevante valor para los beneficiarios de unidades habitacionales erigidas por el Estado.