La inseguridad a secas, como una entidad propia para momentos de campaña electoral, quedó desplazada del eje de la agenda política en 2013. Este fenómeno no sucedió porque llegaron soluciones de fondo, sino porque el centro de la escena lo copó un drama emergente, como es el narcotráfico.
La causa de Los Monos descubrió el velo y exaltó de manera casi mitológica la historia de un grupo mafioso que a partir de un amplio despliegue territorial en la zona sur de Rosario, con decenas de bocas de expendio a través de los denominados búnkers, popularizó la venta de una cocaína de bajo costo y de mala calidad (adulterada con sustancias altamente tóxicas) que logró adaptar al mercado de la pobreza. Y gracias a esa demanda en expansión, los Cantero pasaron de montar a caballo a transitar con autos importados y a construirse una mansión en Pérez con una pileta con la forma del ratón Mickey. Esa indiferencia impune estaba garantizada por la complicidad con amplios sectores de la Unidad Regional II.
La familia Cantero era, hasta entrada la década pasada, una banda de delincuentes bravos pero de poca monta. Surgieron en villa La Granada, un asentamiento que se gestó unos meses antes del Mundial ‘78, cuando los militares decidieron subir en camiones a los pobres que no debían ser vistos y depositarlos en la frontera sur de la ciudad. Allí se formó un barrio cuyas calles tienen nombres de flores pero están despojadas de poesía.
El asesinato de Claudio A. Cantero, alias el Pájaro, catalogado como el cerebro de la banda, el 26 de mayo pasado encendió un raid de venganzas que terminó con cuatro homicidios en menos de una semana. Diego Demarre, alias Tarta, fue ultimado en Maipú y Seguí cuando llegaba de Tribunales, adonde había ido preocupado porque el asesinato de Cantero había ocurrido frente a su boliche, Infinity Night. Lo sindicaban como un “coronel” de Los Monos en barrio Tablada y como jefe de otro sicario: Milton César. Familiares de este supuesto asesino a sueldo también fueron atacados horas después del crimen del Pájaro, con un fatal resultado en avenida Francia y Acevedo: su hermano Nahuel César resultó muerto, su madre quedó cuadripléjica (y luego falleció) y su padrastro y dos hermanos más pequeños salvaron su vida de milagro. Un acompañante, Marcelo Alomar, también fue asesinado.
El temor a que la cadena de venganzas continuara, despertó en la Justicia un interés por investigar a este grupo cuyos integrantes ya habían sido absueltos en un juicio oral por la emboscada en la autopista Rosario-Buenos Aires a un colectivo que llevaba a la barra brava de Newell’s. Allí murió Walter Cáceres, un chico de 14 años.
“Ajusticiamiento”
Pero fue otro crimen el que activó la investigación en los tribunales provinciales. El asesinato de Martín “Fantasma” Paz, un muchacho de 26 años que fue acribillado el 8 de septiembre de 2012 cuando se trasladaba en un BMW Z4 con su mujer y su hija de 2 años. Esa causa había ingresado en el Juzgado de Instrucción Nº 4, a cargo de Juan Carlos Vienna, pero no tuvo demasiados movimientos hasta la seguidilla de muertes que estalló tras el homicidio del Pájaro Cantero. El crimen de Paz fue un “ajusticiamiento” de la propia banda a la que pertenecía que sospechaba que este joven que antiguamente se había dedicado a la cría de cerdos podía abrirse y montar su propio emporio.
Cinco días después de que mataran a Claudio Cantero, el juez Juan Carlos Vienna ordenó una serie de allanamientos en barrio Las Flores, bastión de Los Monos, en el inicio de una ofensiva judicial por asociación ilícita que puso tras las rejas a unas treinta personas, entre ellas una decena de policías, incluso algunos de alto rango y que ocupaban lugares estratégicos en la fuerza provincial.
El expediente 913/12 acumuló más de 60 cuerpos y está previsto que en febrero concluya la instrucción en la que se investigó a la banda de Los Monos como integrantes de una asociación ilícita. Por primera vez, el Poder Judicial modeló de alguna manera su estructura para iniciar una pesquisa ajustada a esta nueva realidad. El procurador de la Corte Suprema, Jorge Barraguirre, designó a cuatro fiscales adjuntos que se encargaron de proveer elementos para sostener la investigación y armar un nuevo mapa de este grupo bajo el rótulo de criminalidad compleja.
En la Justicia pretendían que Vienna cerrara la instrucción en diciembre, pero el magistrado estiró el plazo hasta después de la feria judicial. A Vienna le achacan seguir abriendo frentes dentro del expediente sin cerrar el núcleo duro de la pesquisa. Sin embargo, el juez confía en que en febrero los procesamientos contra los integrantes de la banda se van a sostener sobre los cargos iniciales de “asociación ilícita”. “Es una banda que manejaba armas, cometía crímenes y se sostenía como organización en base a una serie de delitos”, argumentaron fuentes judiciales. Todo lo relativo a tráfico de drogas y lavado de dinero pasará a la Justicia Federal, que es la que tiene atribuciones para profundizar en estos temas.
No sólo las miradas dentro del Poder Judicial apuntan a esta causa sino también a nivel político. El gobierno de Antonio Bonfatti dio un apoyo “incondicional” a esta investigación que trazaría una marca en el universo narcocriminal.

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