El empresario Guido Mogetta realizó una impugnación por la que cuestiona el decreto del Poder Ejecutivo por el que se le quitó la concesión de la Terminal de Ómnibus. La presentación apunta a recuperarla.

A comienzos de esta semana, Mogetta presentó un recurso de reconsideración del decreto del Poder Ejecutivo. Argumenta que tenía derecho a una "prórroga reglada". Esto significa que, de acuerdo con su versión, el Estado debería haber prorrogado la concesión porque había cumplido con todas las obligaciones establecidas en el contrato original. De esta manera, negó también las irregularidades.

Como se había informado, el Gobierno rechazó el pedido de prórroga del contrato de concesión por supuestas irregularidades. Mogetta explotó el predio por más de dos décadas.

El Estado tiene ahora un plazo de 15 días hábiles para responder al recurso iniciado. Según trascendió, la Provincia argumentará que la concesión se venció en octubre de 2013 y que es una "facultad discrecional" del Poder Ejecutivo prorrogar o no el contrato al margen de si existieron o no irregularidades durante estas dos décadas.

En declaraciones a Radio Ancasti, el director de Transporte, Martín Miranda, integrante de la Unidad Ejecutora que administra la Terminal, cuestionó los fundamentos de la ex concesionaria. "Se hizo una presentación contra el decreto del Poder Ejecutivo. El expediente fue a Asesoría General de Gobierno y serán los asesores los que deberán responder a los fundamentos que esgrime la ex concesionaria. A mí me parece que no resiste el más mínimo análisis porque es muy débil el argumento".

Y añadió: "El fundamento más grosero es cuando manifiestan que el poder concedente no estaba facultado para tomar la determinación. El contrato de concesión es claro cuando dice que el poder concedente podrá, en caso de solicitada de prórroga, hacer lugar o no al pedido. Es facultad del Ejecutivo", dijo Miranda.

Por otro lado, Miranda confirmó que, de acuerdo con la información a la que tuvo acceso, la ex concesionaria recaudaba cerca de un millón de pesos por mes por el alquiler de locales, ventanillas para las empresas de transporte, dársenas, etcétera y solo pagaba $ 11 mil al Estado en concepto de canon.

Consultado por la nueva relación con los comerciantes, explicó que ya se dialogó para renegociar los contratos. La percepción de ingresos, por parte del Estado, forma parte de los recursos de libre disponibilidad.

Por otra parte, Miranda comentó que se detectó que la ex concesionaria compraba energía a CAMMESA y la distribuía directamente a los comercios. "Esto se denunció en su momento ante el ENRE y al parecer no hizo nada", manifestó.