Según el informe, en el NEA, Misiones es la jurisdicción que más aportes recibió por fuera del régimen de coparticipación, a saber: Misiones $ 1.244 millones (38,2%); Chaco $ 1.121 millones (34,4%); Corrientes $ 528 millones (16,2%) y Formosa $ 364 millones (11,2%).

Sin embargo, al precisar los conceptos nos encontramos que los aportes supuestamente muy generosos de la Nación se corresponden con el Fondo Especial del Tabaco, Incentivo Docente, Subsidios Forestales, Programas educativos y de salud; es decir, nada extraordinario cuyos méritos se adjudiquen al gobierno renovador sino que simple y llanamente son recursos que obligatoriamente debe enviar el Estado Nacional no solo a Misiones sino a todas las provincias en general.

Afirmo que, en modo alguno Misiones “se ve resarcida por los menores fondos que percibe por la ley federal de coparticipación de impuestos” como se asegura en el informe oficial.

En efecto, ninguna ayuda por debajo de la mesa o por encima de ella compensa en lo más mínimo lo que la provincia deja de percibir por la falta del efectivo cumplimiento de la Ley 23.548 de coparticipación que fija un piso para distribuir a las jurisdicciones del 34% de todos los recursos tributarios recaudados por Nación, tengan o no el carácter de coparticipables.

Van aquí las pruebas conforme datos proporcionados por el Ministerio de Economía de la Nación, Dirección Nacional de Coordinación Fiscal con las Provincias:

Es decir, tomando solamente los dos últimos años, en el 2013 Misiones dejó de percibir $ 2.387 millones de pesos, casi el doble del “regalo” de Nación de $ 1.244 millones, conforme el comunicado del gobierno renovador.

En los diez meses que van del 2014, esa suma ya casi llega a $ 2.700 millones significando un promedio mensual en menos de casi $ 270 millones. Es decir, la suma de $ 9 millones por día.

Ese es el dinero que debe venir, y que está, repito, muy por encima de cualquier otro concepto, obra, programa, regalo, etc que pueda disponer el gobierno central o cuya gestión se adjudiquen los funcionarios renovadores.

Que, además, es dinero del pueblo de la provincia y no de ningún gobierno ocasional que tiene por cierto la obligación legal y moral de reclamar por todas las vías y no canjearlo por dádivas caritativas que en nada recompensan las pérdidas que, por cierto, vienen desde la época del menemismo.