Una de cal...

El nivel de los estudiantes secundarios pampeanos está entre los mejores del país en todas las materias, de acuerdo a los resultados del Operativo Nacional de Evaluación que se hizo en el año 2013, pero que empezaron a trascender ahora.

Si bien la primera mirada sobre una estadística de ese tipo permite una cierta satisfacción desde nuestra provincia, también es verdad que los mismos números arrojan aspectos más bien negativos, como la evidente desigualdad en las posibilidades del aprendizaje según la región geográfica y un generalizado estancamiento -aunque no un retroceso- respecto de los índices de años anteriores.

Tanto en Matemáticas como en Lenguas, Ciencias Sociales y Naturales, los alumnos del nivel secundario de nuestra provincia mostraron un alto nivel en las evaluaciones, lo cual permite al menos visibilizar que la situación que conmueve a otras jurisdicciones, donde a veces hay un desmadre que alarma, en La Pampa está al menos controlada y si es abordada con responsabilidad no debiera tender hacia lo peor, sino hacia una mejora de las actuales circunstancias.

Esos resultados, sin embargo, no deberían llevar al oficialismo al uso marketinero de las cifras, como tantas veces suele ocurrir, sino más bien a una mirada sensata de la realidad, con el objetivo de mejorarla, paliando las carencias, deficiencias y limitaciones que a veces no trascienden pero que los integrantes de la comunidad educativa conocen y padecen cotidianamente.

Es un dato para destacar el hecho de que La Pampa tenga en esta hora el mayor presupuesto de la historia invertido en el área educativa, a tono con la línea que se bajó desde el Gobierno Nacional, pero eso no implica que todos esos fondos estén bien invertidos, ni que no haya que atender cuestiones ante las que el Estado luce ineficiente o indiferente.

Tampoco es un secreto que la inclusión en el sistema de sectores que en otras épocas estaban condenados a la marginalidad, generó un nuevo contexto, con novedades bienvenidas, pero también con serias incertidumbres y obstáculos notables, que implican severos problemas para la calidad de enseñanza, aunque por lo visto en estos resultados oficiales han sido para el caso de la mayoría de los alumnos pampeanos más simples de soportar.

A esta situación deben sumarse particularidades provinciales, y especialmente injustificables desidias del funcionariaje local: a la construcción de barrios de viviendas en sectores no preparados para ello (por la ausencia de servicios esenciales, entre ellos la presencia de algún establecimiento educativo) se suma la incompetencia para conseguir que los chicos que residen en esos puntos discriminados puedan llegar a establecimientos educativos lejanos usando transportes públicos.

Los vehículos dispuestos por el Estado para ese menester no están sin embargo accesibles para las familias que más lo necesitan, también a partir de una pelea política interna entre los gobiernos provincial y municipal, que impidió para esos sectores el acceso al transporte en forma lógica y rápida.

Además de que la puja intestina en el partido del gobierno es una situación que carga de suciedad esa situación, el hecho desnuda la pereza y la falta de preocupación real respecto del destino de los ciudadanos que menos tienen, porque está muy claro que esa indolencia perjudica sobre todo a los sectores más vulnerables, un detalle imposible de ignorar especialmente en una sociedad como la pampeana o la santarroseña, donde la cantidad de habitantes y su configuración social permiten que el Estado, si sus representantes se lo proponen, llegue con facilidad y puntualidad al lugar donde existen las necesidades.

...y una de arena

Durante la semana que se fue, en el municipio quedó instalada una vez más la discusión respecto del modo en que los trabajadores deben incorporarse a la planta permanente: el intendente Luis Larrañaga, enfrascado en una pelea política interna en la que por lo visto vale casi todo, propuso el pase de 208 contratados a los ya de por sí abultados registros de la comuna capital.

El derecho de los trabajadores es sin dudas uno de los aspectos que debe ser tenido en cuenta, pero es imposible quitarle a la maniobra el tufillo de interés partidario y sectorial, denunciado no solo por los referentes de la oposición, sino por la propia concejala Liliana Robledo, que es peronista y está alineada con el mismo precandidato a la gobernación que apadrina a Larrañaga.

La propuesta oficialista causa tristeza a partir de que exhibe hasta con orgullo lo que en realidad es un aprovechamiento de una situación de necesidad, y al mismo tiempo implica cargarle un costo de insospechado impacto a la próxima gestión municipal, sobre todo porque está claro que operarios comunales no son los que faltan, sino en todo caso utilizarlos -en el buen sentido- como recursos útiles para la gestión, en beneficio de los ciudadanos y no como una herramienta electoral.

Más paradójico resulta que el intendente que impulsa esa medida es el mismo que, después de un variado recorrido de líneas y sectores, termina alineado con el exgobernador Carlos Verna, que justamente en esta misma semana pronuncia ante un grupo de empresarios de la construcción su idea de achicar el estado para generar mano de obra en el área privada.

El senador, que hoy mismo sería el gobernador pampeano si no fuera porque en 2011 decidió bajarse de la candidatura por un asunto personal, dijo textualmente ante los representantes de diversas firmas dedicadas al negocio de la obra pública: “El sector privado tiene que ser el gran generador de empleo en La Pampa, el nuevo modelo de provincia será uno donde las empresas se conviertan en los principales empleadores y no el Estado”.

Es obvio, demasiado, que esa propuesta/promesa va a contramano de la postura del intendente de Santa Rosa, lo cual no les impide protagonizar un acto conjunto y más bien exhibe contradicciones y paradojas también en la línea opositora del peronismo.

El detalle de esa exposición de Verna ante los patrones de la construcción también vino acompañado de otro detalle: el anfitrión fue Roberto Robledo, en su papel de secretario general de la UOCRA, es decir el gremio que agrupa a los trabajadores del sector, a los que llegado el caso el exdiputado debiera representar en planteos, demandas y exigencias a los mismos referentes a los que les abrió la puerta de la sede sindical para convencerlos de las bondades de su aliado.

Es, finalmente, otra contradicción -una más- en el marco de una interna, y en realidad una general, en la que esas incoherencias y contrasentidos parecen a la orden del día, quizá como parte de un proceso que a lo mejor derive en algunos cambios que la ciudadanía viene desde hace tiempo empujando, aunque con tibieza y lentitud.