Las actividades ilícitas que se investigan involucran presunto fraude fiscal del orden de $ 170 millones.
La medida de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba establece que cada imputado deberá depositar una caución de $ 250 mil.
En la causa intervino personal de la Afip acompañado por agentes de Gendarmería y de la Policía Federal que realizaron allanamientos en Río Tercero, San Agustín y Despeñaderos. También en la bonaerense Ramos Mejía y en Puerto Madero de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en todas esas diligencias se practicaron 11 detenciones, luego de presentaron ante la Justicia otros dos imputados, mientras que dos sospechosos más permanecen en condición de prófugos).
Para llegar a la evasión por los $ 170 millones, estas personas realizaron operaciones detectadas por $ 1.700 millones, con movimientos en negro de unos $ 1.000 millones, según fuentes judiciales.
El megrafraude tuvo visos de escándalo cuando el titular del Juzgado Federal de Villa María, Roque Ramón Rebak se tomó vacaciones para viajar a Europa y designó como subrogante a Raúl Camandone, un abogado radical amigo del ex legislador de la UCR Luis Caronni, defensor del ex ministro angelocista Farías. La medida de Rebak fue dejada sin efecto por la Cámara que puso a cargo al juez de Bell Ville, Oscar Valentinuzzi. El magistrado remitió las actuaciones y al cabo de la rueda virtuosa la Cámara se hizo cargo del resto.
Las fuentes judiciales sostienen que la causa está “activa”, porque “restan muchas diligencias por ordenar”, pero ahora, varios de los sospechosos están en libertad de acción.
Comentá la nota