Aun cuando Urtubey trata de despegarse de las estafas de Schoklender r en nombre de las Madres, todo indica que tanto sus funcionarios como el Intendente Leavy y el Concejo Deliberante, por acción u omisión, fueron cómplices de estos negociados. Para el gobierno municipal no puede ni debe haber un emprendimiento estatal o privado que pueda eludir el control de la administración municipal. Mas allá de estas cuestiones administrativas lo cierto es que donde más se avanzo con el modelo de borocotización de las organizaciones piqueteras es en el Norte de Salta. Las organizaciones que otrora pusieran en vilo tanto al gobierno de Romero como a los gobiernos nacionales de Radicales y pejotistas, terminaron siendo funcionales a los intendentes y gobernadores de turno. Los recursos del estado a través de la obra pública fueron una de las vías que uso el estado para construir una burocracia de estas organizaciones que ahora sirven al estado. Esto es lo que el kirchnerismo denomina “participación popular” que consiste en la cooptación e integración de las organizaciones, transformándola en apéndices del gobierno. El propio Leavy negocia personalmente con dirigentes piqueteros la ejecución de los denominado módulos habitacionales que no son viviendas sino un cuarto que no cumple las funciones ni siquiera de una “vivienda popular”. En Tartagal Schoklender r compró terrenos para la construcción de 1000 viviendas y pago importantes sumas en efectivo a los propietarios y quedo debiendo buena parte del monto final, pero solo a los efectos de mostrar que contaba con el terreno y de esa manera conseguir los fondos. Las sumas se pagaron en efectivo, violando las leyes de bancarización impuestas por el estado. El Concejo Deliberante no intervino como organismo de control. Más bien dejo vía libre para que se inicien obras que significan una estafa al estado nacional y de hecho a todos los argentinos ya que se usaron fondos que todos los ciudadanos aportamos al fisco y que esta administración K dilapida en la cooptación de organizaciones que terminan beneficiando a seudos luchadores y funcionarios. El predio de más de 10 hectáreas se encuentra solo cercado en lo que corresponde al Centro de Salud o Mini Hospital que es custodiado por serenos sin que nadie sepa que va a ocurrir con el mismo. Todo esto pasa en un cuadro de emergencia sanitaria que atraviesan las comunidades originarias que viven alrededor de la zona donde se encuentra dicho hospital. Todo el país tomó conocimiento de las muertes de niños por desnutrición. De la desidia del gobierno provincial y municipal respecto de las comunidades. Hay que expropiar inmediatamente esta obra, poner de inmediato al Centro de Salud en funcionamiento, y comenzar la construcción de las viviendas bajo administración municipal con un control de vecinos electos en asamblea".

(La opinión es de José Barraza del Partido Obrero)