Por un lado, la definición del gobernador electo Martín Buzzi, respecto de impulsar un debate racional y abierto en torno al tema, proponiendo a Comodoro Rivadavia como el mayor referente en lo que respecta a extracciones mineras (no otra cosa es la actividad petrolera), siendo hoy el principal dinamizador de la economía provincial; paralelamente, la confirmación del ministro de Ambiente, Juan Garitano, respecto de que ya está definida la zonificación del área de la Meseta como susceptible de explotación, lo cual podrá habilitarse una vez que una nueva ley establezca los parámetros que regirán la actividad.

De este modo, la habilitación de un debate amplio debería comenzar en principio por brindar información suficiente a la comunidad en torno a los riesgos y sistemas de prevención para atenuarlos.

Vale recordar que la zona de la meseta se encuentra sobre un acuífero, cuya existencia ha sido recientemente confirmada, con un potencial de abastecimiento para alrededor de 3 millones de personas, según se informó al momento de su presentación.

En ese plano, parte de la discusión estará dada en torno a los posibles usos para el acuífero: por un lado, quienes impulsan la actividad minera sostienen que afectarían sólo 2 por ciento del volumen de agua existente. Garitano dijo además que el agua podrá ser volcada a otras actividades, tales como la ganadería, una vez que se establezcan los cánones de uso.

Establecida ya la zonificación para una potencial, resta avanzar en la legislación que debería reglamentar una eventual actividad extractiva. La meseta tiene minerales tales como plata, plomo, oro y uranio. Quienes se oponen a la minería, plantean que es imposible evitar los impactos negativos causados por el cianuro, propio de las explotaciones a cielo abierto. Una de las dudas planteadas por dirigentes ambientalistas es qué pasaría con el residuo de los químicos utilizados –entre ellos, el cianuro- y si podrían filtrarse hasta afectar las reservas de agua.

Garitano: "con tecnología, puede ser sustentable"

Según Garitano, la sustentabilidad de las explotaciones depende de la tecnología aplicada por las empresas:

"Debemos crear un modelo de desarrollo potencial con empresas de punta, que es mucho más saludable para el ambiente, porque minimiza los impactos a grado mínimo y tienen gran eficiencia en su desarrollo. Si apuntamos a desarrollar la minería tomando en cuenta que nuestros socios sean de esta naturaleza, creo que es posible realizar la actividad de modo sustentable". El funcionario admite que todo está planteado en modo potencial, ya que se debe atravesar la etapa legislativa, en el marco de un debate que debiera dar cabida a todas las expresiones, a favor y en contra.

Algo similar planteó el próximo gobernador, para quien una vez aprobados (es decir: verificado si el saldo es finalmente positivo) los balances ambiental, social y económico, la actividad debería impulsarse para lograr un impacto económico similar al que provoca hoy el petróleo.

La referencia con el "oro negro" fue también tomada por Garitano, al recordar que el uso de agua en la recuperación secundaria (por la cual se inyecta agua a los pozos petroleros) requiere hoy grandes volúmenes para su continuidad.

En cuanto a los impactos económicos, el funcionario provincial dijo que no están todavía cuantificados, pero dio dos referencias: por un lado, indicó que la etapa exploratoria del proyecto Navidad en la meseta demanda hoy inversiones de entre 25 y 30 millones de dólares anuales; y acotó que para extraer el primer gramo de plata de la mina, la inversión inicial no sería del orden de los 1.200 millones de dólares. Respecto de los niveles de ocupación, dio como referencia lo que hoy genera la minería en San Juan, al tiempo que afirmó que los sueldos pueden ser tan importantes o más que en el petróleo.

De cualquier manera, la explotación minera en la meseta no podrá iniciarse si no se modifica la ley 5001, que prohíbe la explotación con uso de cianuro. En ese sentido, trascendió que en sectores del Ejecutivo ya existiría un proyecto de ley que establece los mecanismos para modificar aquella normativa, viabilizando la actividad en la zonificación ahora establecida. Entre otros elementos, se introduciría un canon adicional para desarrollo de la región afectada, que se sumaría al 3 por ciento establecido a nivel nacional por el Código Minero. La iniciativa aún no se remitió a la Legislatura, por lo que se especula en torno a si podría tratarse antes de que finalice el actual gobierno, o si se retoma una vez asumida la nueva gestión provincial, en tanto el gobernador electo ya manifestó su decisión de abrir la discusión.