Este miércoles, el Gobierno provincial, en boca del titular de Energía, Emilio Guiñazú, anunció que contratará a una consultora para poder definir qué hacer con la minería en la provincia, lo que podría implicar un gasto aproximado de unos dos millones de pesos para la gestión. Desde el Centro Cultural Julio Le Parc, el gobernador Alfredo Cornejo aclaró el objeto de esta decisión: lo que se busca es conseguir la “licencia social” para avanzar con la industria minera.

En ese sentido, el mandatario aclaró cuál será el rol de la consultora y señaló que será responsable de organizar foros de discusión. “No es una consultora de minería, es una empresa que organiza foros de discusión. Si no tiene licencia social no tiene sentido arrancar con la minería, por eso en base a la legislación que se tiene hay que ver qué cosas se pueden hacer”, aclaró el mandatario.

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El Gobierno busca así avanzar en la explotación minera, que en la provincia se paralizó tras el rechazo social que generó, especialmente en los ambientalistas, sin embargo para eso necesita conseguir la “licencia social” de todos los sectores. “Mendoza puede tener minería”, indicó el ministro de Infraestructura, Economía y Energía, Enrique Vaquié. Por su parte el funcionario aclaró también cuál será el rol de la consultora.

La idea es que la consultora realice una especia de mediación entre las partes, ya que desde el Gobierno consideran que hay “grupos muy complicados” dentro de la discusión.

“Vamos a juntar a todos los sectores relacionados y vamos a intentar tener una charla madura”, indicó Vaquié. En ese sentido aclaró que contratar a una consultora le permite al Estado lograr una mediación que actualmente no tiene y que es una forma “tradicional” de trabajar cuando existen sectores con opiniones muy formadas.

Vaquié también aclaró que la consultora no tendrá relación con las empresas mineras sino solamente con el Gobierno. Sobre el costo que tendrá, el ministro dijo no tener definiciones porque aún no se licitó. No obstante, el miércoles el subsecretario Guiñazú, indicó que la contratación costará no menos de dos millones de pesos. “Cuando se licite, sabremos el precio”, insistió Vaquié.

Además justificó la decisión al señalar que “todo proceso de inversión para construir sectores tiene un proceso de inversión seria, estamos en el peor de los mundos sin hacer nada, eso nos ha salido muchísimo más caro, peleas sin saber qué minería quremos”, indicó. De todas maneras, Vaquié dejó en claro que la idea es avanzar siempre dentro de lo que establece la Ley Minera Nº 7.722.

Por ahora, desde el Ejecutivo no han manifestado intenciones de impulsar o reactivar algún proyecto minero, a excepción de Potasio Río Colorado en Malargüe. Al parecer, la decisión del Ejecutivo de avanzar con la industria minera está firme aunque no lo blanquean del todo porque primero buscan garantizarse el consenso y el respaldo de las partes involucradas para avanzar.

De esa forma, se evitaría conflictos como el que atravesó el ex gobernador Celso Jaque con el proyecto de San Jorge en Uspallata o el rechazo que generó Hierro Indio, que causó un revuelo social en el sur provincial.

Por el momento, los obreros mineros reclaman por fuentes de trabajo y aseguran que la desocupación en el sector en la provincia afecta actualmente a unas doce mil personas.