El gobernador Celso Jaque retrucó a la Iglesia Católica de Mendoza y se negó rotundamente a posponer la fecha de la audiencia pública prevista para el martes en Uspallata, donde se discutirá la instalación del proyecto minero San Jorge, que tiene previsto extraer cobre de la zona.

El documento emitido el jueves por la Pastoral Social pide posponer esa audiencia pública, aduciendo que se pone en riesgo la paz social de la villa por las posiciones divididas que la explotación minera ha originado entre la población.

Jaque se mostró indignado por la posición de la Iglesia y dijo: “Me parece casi aberrante que la Iglesia diga que no existe paz social en Uspallata”.

El gobernador expresó su posición antes de encabezar el cierre del XVIII Encuentro del Comité de Integración Paso Pehuenche, en el Centro de Congresos y Exposiciones de Ciudad.

“No puedo opinar sobre lo que no conozco”, arrancó, molesto, porque la postura de la Iglesia se difundió públicamente pero nunca le llegó formalmente a su despacho.

“A mí me llama la atención. Quisiera creer que es un error, que alguien inste a la violencia me parece grave y que alguien de la Iglesia empiece hablar de que no va a haber paz social me parece casi aberrante. Quisiera no creerlo. A lo mejor han estado en dos lugares distintos. He estado en Uspallata y no he visto esa convulsión que se dice, quisiera pensar que es un error”, dijo enérgicamente para refutar los conceptos del comunicado de la Iglesia.

“¡Cómo vamos a estar imaginando que no se va a poder hacer una audiencia de manera civilizada!”, exclamó.

“De lo contrario, si saben quién está instigando para que no haya paz social deben ir a hacer la denuncia a la Justicia. Pero me niego a creer que sea así. No podemos empezar a generar una especie de futurología, no se puede vivir en paz si empiezo a decir que tengo sensación de...”, alegó.

Y para que no quedaran dudas de su enojo con el comunicado eclesial, subrayó: “No voy a dar marcha atrás, porque si no, mañana en nombre de todo eso no voy a poder gobernar. Tengo la obligación legal de hacer la audiencia. La ley establece ese procedimiento como requisito indispensable para que el proyecto pueda avanzar”.

El gobernador no sólo se mostró molesto con los términos expresados por la Iglesia, sino también con el modo elegido para dar a conocer la postura: a través de un comunicado de prensa. “Si yo considero muy importante algo, por una cuestión lógica no lo voy a dar a conocer por un comunicado de prensa. Yo soy la cara de un millón ochocientos mil mendocinos. Por lo tanto, cualquier institución que quiera decirle algo al gobernador no se lo dice por un comunicado de prensa. Tienen el teléfono, saben cómo ubicarme; voy a escucharlos siempre”, dijo, reprochando el modo en el que la Iglesia dio a conocer su postura.

Carmona

El único integrante del Gobierno que charló personalmente con integrantes de la Iglesia sobre la situación de Uspallata en torno a la explotación minera fue el secretario de Ambiente, Guillermo Carmona.

Este funcionario dijo que la Iglesia no le pidió la suspensión de la mina de cobre Uspallata. Tras el documento de la Pastoral Social que solicita “posponer el inicio de las actividades” en la mina, Carmona sostuvo que luego de reunirse con Arancibia no recibió “de parte de los obispos un planteo concreto de detener el procedimiento”.

Carmona desestimó que las máximas autoridades eclesiásticas de Mendoza le hayan solicitado que el Estado frene el proceso de habilitación de la mina de Uspallata.

En declaraciones que formuló ayer a Radio Nihuil, el funcionario admitió que se entrevistó el jueves a la tarde con monseñor José María Arancibia y con el obispo auxiliar, Sergio Buenanueva, por este tema. Pero indicó: “Quiero ser muy puntual y concreto: la inquietud tiene que ver con una posición que la Pastoral Social va a sostener en la audiencia pública (que se realizará el martes) y esto es muy positivo. No he recibido de parte de los obispos un planteo concreto de detener el procedimiento”.