El fallo de la Corte Suprema de Justicia que declara inconstitucional la deducción del 15% de la masa de impuestos coparticipables que realiza el Estado nacional, sin el acuerdo de las provincias, para financiar a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), abrió una enorme oportunidad al Chaco para seguir los pasos de Santa Fe, San Luis y Córdoba, que se plantaron ante la Nación y reclamaron lo que les corresponde.
La decisión del máximo tribunal exige al gobierno nacional y al Congreso que concreten la reforma pendiente del régimen de Coparticipación Federal de Impuestos dispuesta con la sanción de la Constitución Nacional de 1994. La coparticipación es un mecanismo de distribución de los recursos fiscales entre las administraciones nacional, provincial y municipal para garantizar una provisión de bienes y servicios públicos equitativa en todo el territorio.
La detracción de este 15% de la coparticipación integra un fondo que se retira antes de distribuirla entre las provincias y la Nación. Desde 1992 se dispuso financiar con este dinero a la ANSES, antes de que se constituyeran las AFJP, en un período en el que había un déficit grande de la seguridad social en la Argentina. De esa forma el organismo previsional pudo equilibrar su balance con aportes por encima de la contribución de los trabajadores.
La Corte dio marcha atrás con una década de detracciones sin acuerdo de provincias. Ariel Barraud, economista del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), estimó en más de $80.000 millones el monto de la devolución dispuesta por la Corte, si se contabilizan unos $19.800 millones en términos históricos correspondientes a Córdoba y un monto similar para Santa Fe, que tienen coeficientes de coparticipación casi idénticos. Con la actualización, la cifra podría ascender a unos $35.000 millones para cada distrito, más otros $10.000 millones para San Luis.
"Es llamativo que surja ahora este tema. Con la coparticipación venimos con un incumplimiento con el precepto constitucional de reformularla desde 1996. Es raro el timing, como una piedra en el zapato que va a ser difícil de negociar para el próximo presidente", comentó Barraud.
El fallo de la Corte obliga al Estado nacional a "cesar en forma inmediata de detraer esos fondos bajo apercibimiento de ordenar al presidente del Banco Nación que cumpla con la orden en el plazo de diez días" y "devolver a las provincias la suma retenida indebidamente desde el 1° de enero de 2006 más los intereses que correspondan". El máximo tribunal fijó un plazo de 120 días para hacer efectiva la sentencia, con acuerdo entre las partes sobre forma y plazo para el reintegro.
Un estudio de IARAF con datos al cierre de 2014 determinó que mientras que cada ciudadano de la provincia de Tierra del Fuego recibió durante 2014 $25.174, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires le ingresaron $1.895 per cápita. El año pasado Córdoba recibió $7.632 por habitante; Santa Fe, $8.048 y San Luis $13.824, mientras que el promedio nacional fue de 12.014 pesos.
El Chaco por su parte, que durante la gestión de Capitanich nunca reclamó por considerar que el Gobierno nacional, de su mismo signo político, le aportaban a la provincia "mucho más de lo que retenían" en este concepto, ahora puede seguir los pasos de Santa Fe, San Luis y Córdoba, haciéndose de $10.926 millones que permitiría a la administración de Peppo lograr una importante independencia, para zanjar la enorme deuda flotante que le deja Capitanich y encarar obras de verdadera transformación provincial, siempre que administre responsablemente los recursos.
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