La millonaria inversión en obra pública y la necesidad de regulación del NBC

La millonaria inversión en obra pública y la necesidad de regulación del NBC

Tras el anuncio del Gobierno de un desembolso de $250 millones, para estimular la construcción de infraestructura estatal, se torna sumamente precisa la instrumentación, por parte de la entidad bancaria oficial, de mecanismos de control para la operatoria. La pregunta de las contratistas que no integran el grupo selecto de «elegidas» es bajo qué parámetros el Ejecutivo otorga este financiamiento; también hay interrogantes acerca de cómo será distribuido.

Desde que el gobierno provincial anunció a través del Ministerio de Hacienda que dispondrá de $250 millones a través del Nuevo Banco del Chaco (NBC) para estimular la obra pública, las empresas de la construcción que no suelen integrar el lote selecto de «elegidos» para recibir las concesiones oficiales volvieron a preguntarse en base a qué parámetros ese dinero del Estado será distribuido.

El interrogante anida hace mucho entre los constructores menos favorecidos por las licitaciones del Estado y en esta instancia de último tramo de la actual administración, en pleno año electoral, se reaviva como consecuencia de que las entidades que agrupan a las empresas del sector -que participaron del anuncio- no son del todo representativas y no se conoce que se haya propuesto un mecanismo de reglamentación en materia de cupos y prioridades, algo que hace a la transparencia de una institución que, aunque regido por las normas del derecho societario, tiene capital mayoritario del capital público.

Las licitaciones que concreta el Estado provincial generalmente finalizan con beneficiarios que -de alguna manera- forman parte del establishment político, y sin que ello constituya delito alguno en razón de que estar cerca del poder siempre sirve para acercar la mejor oferta en base a criterios muy personales de los funcionarios que comandan estas operatorias.

Es el caso de este anuncio que recientemente ha formulado el Ministerio de Hacienda en coincidencia con la cartera de Infraestructura, dado que $100 millones estarán disponibles para grandes emprendimientos, como por ejemplo hospitales, y los otros $100 millones serán distribuidos en todo el mapa provincial para que el Ipduv financie la construcción de nuevas casas.

Es en este último rubro donde un criterio amplio favorecería a las empresas y contratistas muchas veces segregados de las inversiones oficiales. Si una reglamentación con estas características se aplicara para garantizar una distribución equitativa de los recursos, incluso en el sentido federalista que el Gobierno generalmente intenta imprimirle a estas decisiones, se ganaría en transparencia.

Otro elemento es asegurar el recupero de los créditos del dinero público, en lo que hace a las garantías necesarias.

Los recursos en cuestión serán administrados por uno de los funcionarios más influyentes del Gobierno, el ministro de Infraestructura, Fabricio Bolatti, quien destacó el efecto dinamizador de la inversión en razón de que las empresas favorecidas podrán descontar certificados de obra con un tasa de interés del 16% subsidiada por el Estado, de forma tal que las obras en ejecución se puedan saldar durante el transcurso de la actual administración.

El beneficio resulta así aún más atractivo para los distintos proveedores que pugnan por una cuota parte de la inversión global, que de esa forma apunta a mantener el ritmo de obras con recursos propios y garantizan la generación de empleo en todos los rubros conectados al mundo de la construcción: desde la albañilería hasta la fábrica de ladrillos, pasando por la confección de aberturas, el transporte y los distintos insumos.

El agente financiero para que las empresas puedan cobrar sus certificados es, como corresponde, el Banco del Chaco, con lo cual resulta además inquietante que -en los últimos días- el ex secretario Legal y Técnico, Pedro Miró, se venga autopostulando en algunos corrillos para reemplazar a Jorge Alcántara en el órgano de contralor de la entidad, la sindicatura, aunque la designación que en su momento resuelva realizar el Estado necesariamente deberá hacerse en el marco de la asamblea de accionistas en la que se aprueben los balances y se proceda a recomponer el directorio y el órgano de contralor.

En concreto, Miró aspira a convertirse en el nuevo síndico de la institución bancaria chaqueña en un año de mucho movimiento de divisas como el motorizado por esta inversión millonaria en obras públicas. Se trata de un cargo de enorme gravitación por cuanto puede revisar lo actuado por el directorio de la entidad, una atribución que podría dar muchos dolores de cabeza en caso de recaer en la persona equivocada.

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