Debido a trascendidos que indicaban la ocurrencia de novedades en la causa penal por la defraudación conocida como caso Granara (también como el "caso del Data Entry"), Zona Norte Diario Online entrevistó al Dr Miguel Quintabani, candidato a intendente de Vicente López por el Movimiento Proyecto Sur...
- ¿Nos hemos enterado que la Suprema Corte de la Provincia dictó alguna resolución sobre el caso Granara, sabe Ud. de qué se trata?
En efecto, hace unos meses la Corte rechazó el recurso de queja que había interpuesto el Intendente García en contra de la decisión que ordena su citación a prestar declaración indagatoria como sospechoso de ser autor o partícipe necesario de la estafa. Ello implica que seguirá procesado en la causa. En estos días se encuentra a estudio del Tribunal un nuevo recurso extraordinario porque su defensor pretende elevar la causa a la Corte Suprema de la Nación.
Esa situación hace viable la necesidad de solicitar que esa declaración indagatoria se tome sin demora para evitar que los imputados se beneficien de una eventual prescripción de la acción penal.
En Movimiento Proyecto Sur analizaremos la posibilidad de hacer ese pedido en forma inmediata.
- ¿En qué consistió exactamente el caso Granara?
También se lo conoce como caso del Data Entry. En esa investigación judicial se ha demostrado que, por contratación directa, se simuló la prestación del servicio de ingreso de datos al sistema de computación del Municipio de Vicente López. Fueron facturados, pagados y no realizados. La empresa tenía el nombre de fantasía “Granara” y se comprobó que no existe, ni estaba inscripta en registros societarios.
El expediente tuvo trámite por ante el Juzgado de Transición en lo Criminal y Correccional nº 1, a cargo de la jueza Dra. María Coelho de San Isidro. Está caratulada como Kunz sobre Denuncia. Hoy está a cargo del juez Dr. Orlando Díaz.
El Juzgado había dispuesto la citación a prestar declaración indagatoria de 13 imputados, por existir semiplena prueba de la comisión del delito y motivo para sospechar la autoría o participación de todos ellos.
La pericia informática realizada por personal de la Oficina Pericial dependiente de la Suprema Corte, a pedido de la Dra. Coelho, se sorprendió de que la Municipalidad necesitara tantas horas de trabajo para ingresar información a su red. El perito calculó que para cubrir el tiempo facturado tendrían que haber trabajado treinta y dos personas cargando datos durante ocho horas diarias a lo largo de un año completo, o sea 365 días, sin interrupción por feriados o días de descanso. Además, se destacó en el informe que la hora se pagó cuatro veces más que lo que cobraba usualmente un empleado “data entry”.
O sea que no se trataba de un caso típico de cohecho o de coimas. Aquí se simularon contratos y se robaron todo el dinero.
- Usted siempre dice que las irregularidades del gobierno de García no comenzaron en diciembre del 2004 con la sesión clandestina del día de la Nochebuena. ¿Cuándo empezaron las irregularidades?
En estos días se suele escuchar a varios candidatos que afirman que García había sido un buen intendente y que se desbandó en los últimos dos períodos de gobierno.
Eso es falso. Los 24 años de la administración se caracterizaron por exhibir sistemáticamente graves irregularidades.
Apenas asumió en diciembre de 1987 abandonó el plan de recuperación de las playas del río, puesto en práctica por el ex intendente Sabatini, y promovió el irrestricto relleno de la costa con basura y escombros que destruyeron las playas existentes, los humedales y los juncales.
La rendición de cuentas del ejercicio 1988 fue rechazada por el Concejo Deliberante porque su confección no permitía revisar adecuadamente el movimiento de fondos. No se sabía exactamente en qué se gastaba el dinero.
- ¿Qué intervención tuvo Ud. en ese cuadro de situación?
Mis primeros enfrentamientos con la administración de García se remontan a los años 1989/90. Época en que asesoré a concejales opositores, promoví una denuncia administrativa de ilegitimidad contra la licitación de la basura. Se había instalado en la calle, en las paredes una frase que fue paradigmática “señor intendente, saque las manos de la basura”.
También, denunciamos al intendente porque había creado la Fundación Empresaria Vicente López en la que figuraba como presidente y con domicilio en el mismo edificio municipal. Tuvieron que poner otro presidente y cambiaron el domicilio.
En 1990, frente a la demora en la presentación de la rendición de cuentas del ejercicio 1989, formulamos una denuncia por el desorden administrativo y contable que pudimos comprobar sumariamente mediante constatación de un escribano.
Conseguimos que un juez ordenara un allanamiento de la Municipalidad y el secuestro de varios libros de contabilidad.
Las pericias contables realizadas demostraron que los libros tenían tachaduras, enmiendas y borrones sin salvar. Había registros en lápiz. Todos los libros tenían espacios en blanco. Los balances no coincidían con los registros de los libros.
La perito judicial dio que el desorden era tan grande que se necesitaría un equipo de diez contadores que trabajasen durante varios meses para ordenar las cuentas y la papelería. Las actuaciones fueron elevadas al Tribunal de Cuentas.
Este Tribunal comprobó las irregularidades que habíamos denunciado y, año tras año fue estableciendo cargos patrimoniales y multas en contra del intendente y sus funcionarios porque siempre hubo gastos que no estuvieron debidamente respaldados por la documentación. En 2003 difundí un trabajo sobre la suerte de cada rendición según el análisis que hacía el Tribunal de Cuentas; la prensa regional publicó las conclusiones y la bautizaron “informe Quintabani”.
- Entonces, la crítica en contra de las reformas al Código de Ordenamiento Urbano, el COU, ¿no comienza en diciembre de 2004?
Lo del 2004 fue lo más grave y tuvo gran difusión desnudando la verdadera cara de García. La gente, el vecino común, lo repudia desde esa época.
Pero hay un hecho anterior que merece ser destacado. En el año 2000 el intendente y los funcionarios del área deciden reformar integralmente el COU.
Consiguen hacerlo, y ponen en vigencia el nuevo código el 4 de enero de 2001. Esa reforma se caracterizó por permitir construcciones que aumentaban significativamente la densidad de la población sin haber realizado un estudio previo que avalara su factibilidad.
Pero lo más preocupante fue que comenzaba a mostrarse la intención de facilitar negocios inmobiliarios en la zona costera en desmedro de los espacios verdes. Toda la franja limitada entre la Avenida del Libertador y la línea de ribera se zonificó como U11 cambiando la vieja zona E, de esparcimiento, que caracterizaba los terrenos privados de ese sector donde se asentaban los viejos clubes y centros de recreo. A partir de esa reforma se permitía construir hasta seis pisos de oficinas.
En esos días, junto a Santiago Jelenic llamamos a conferencia de prensa para denunciar públicamente la conducta de los funcionarios que privilegiaban los proyectos inmobiliarios privados en contra del interés de los vecinos.
La historia que sigue es más reciente y está presente en la memora de todos.
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