Tal como estaba previsto tuvo lugar este lunes, desde la explanada de la Biblioteca Nacional, la jornada de lanzamiento del Plan Nacional de Participación Comunitaria en Seguridad, diseñado por el gobierno nacional.

El acto fue encabezado por la ministra de Seguridad, Nilda Garré y, entre otros invitados, estuvieron los concejales peronistas Miguel Cobo y Omar González. Cobo, cabe recordar, es presidente de la comisión deliberativa de Seguridad y fue presidente del Foro Municipal de Seguridad en dos períodos consecutivos.

Como hemos explicado, el Plan Nacional de Participación Comunitaria en Seguridad se aplicará de forma progresiva y prevé la participación de Organizaciones No Gubernamentales y vecinos en la puesta en práctica de programas y el control del accionar de las fuerzas de seguridad a lo largo y ancho del país, aunque sus primeros pasos se darán en la ciudad de Buenos Aires.

En ese sentido, el plan tiene como finalidad acercar herramientas para que los ciudadanos formen parte activamente de las políticas públicas en el área de seguridad, para mejorar con sus propuestas los planes de trabajo y a su vez controlar la labor policíaca en el día a día.

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La ministra de Seguridad, Nilda Garré, aseguró que aspira a recuperar el sentido más profundo que tiene la profesión policial, que es "servir a su comunidad, recuperar credibilidad y prestigio a partir de la motivación y el profesionalismo", al poner en marcha al poner en marcha este lunes el Plan de Participación Comunitaria en Seguridad.

El programa -nacional- propone un ámbito de encuentro a través de mesas barriales para implementar políticas públicas en esa materia.

Funcionará en las 53 jurisdicciones de comisarías en la Ciudad de Buenos Aires y la funcionaria lo definió como “un plan de trabajo que tiene como objetivo la construcción de una política de seguridad en consonancia con el proceso de profundización de nuestra democracia”.

Garré valoró la evaluación comunitaria del desempeño policial y la calidad del servicio policial, “procurando celeridad en los cambios, así como una adecuada exaltación de aquellos funcionarios o prácticas que resulten reconocidas como virtuosas por la comunidad, en conjunto con los demás instrumentos de desempeño”.

La ministra indicó que, para ello, será necesario combatir “el fundamentalismo de mantener viva una cultura institucional cultora del secreto”. Explicó que la transparencia permitirá “que las fuerzas de seguridad puedan explicitar su tarea, volverla más comprensible, demostrar su capacidad de resolución de problemas o bien, alertar sobre lo que no funcione regularmente y cambiar el rumbo”.

Sobre este punto, Garré aseguró que el principal enemigo de los policías honrados y que se encuentran envueltos injustamente en la sospecha no es el pueblo, “sino la falta de transparencia, que permite que quienes hacen mal su trabajo consigan impunidad a costa del prestigio de sus compañeros y de la institución en su conjunto”.

Ante una multitud de representantes de organizaciones sociales, autoridades policiales y funcionarios públicos reunidos en la explanada de la Biblioteca Nacional, Garré expuso los objetivos del programa, donde fue la oradora central.

En su discurso, manifestó que existe “una relación directa entre la calidad del sistema democrático y el rol que el Estado reconoce a la ciudadanía, en el ámbito de las políticas de seguridad”.

La ministra aseveró que para el gobierno “las personas y su bienestar cuentan como fines en sí mismas y no como medios”. Precisó que, con este nuevo plan, la ciudadanía organizada es convocada para protagonizar el cambio y “no con una retórica pretendidamente inclusiva”.

Puntualizó que como Estado “tenemos el desafío de articular con otras áreas que permitan responder con idoneidad a las necesidades que expresa la comunidad cuando abordamos sus condiciones de vida en términos de seguridad humana”.

“La prevención de la violencia y el delito resultan determinantes en la proyección de nuestra calidad de vida y que ello reclama distintos niveles de intervención”, dijo la ministra.

Llamó a la coordinación entre los distintos ámbitos del Estado nacional y los diversos niveles de gobierno, “promoviendo la convergencia del conjunto de políticas sociales, culturales, laborales y deportivas, junto con las políticas propias del ámbito de la seguridad” para promover una mayor seguridad a toda la población.

La funcionaria sostuvo que estos lineamientos políticos están en sintonía “con las transformaciones que en los últimos ocho años se han ido produciendo en distintos niveles”.

Garré acotó que la construcción de ciudadanía, la reafirmación de la ley y el Estado de derecho también son herramientas de inclusión.

Organizaciones

sociales y vecinos

Asimismo, delineó que no se puede tener una convocatoria genuina a la participación “si quienes deben protagonizarla se encuentran en condiciones de extrema fragilidad política o social”.

Por eso, estimó que “la reapropiación del espacio público por las organizaciones de la comunidad; la marcha sostenida del proceso de inclusión social, económica, laboral y cultural, respaldados con acciones de gobierno cotidianas, son indispensables para el desarrollo de una política de seguridad democrática.

Agregó que esta primera convocatoria es el punto de partida de un proceso de “participación popular para todo el país, de modo progresivo y en el que resultará central el liderazgo de las provincias y los municipios”.

Anunció la realización de escuelas de participación comunitaria en seguridad, para lo cual anunció convenios con la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo y la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. “Acordamos una propuesta curricular y una modalidad de capacitación desde la perspectiva de la educación popular”, explicó.

Precisó que las mesas de trabajo son clave para asegurar la voz de los vecinos “en la identificación de distintos niveles de conflictos y será en esos espacios también que iremos definiendo colectivamente su prioridad”.

Garré dijo que los vecinos y sus organizaciones harán mapas de prevención en sus barrios, porque “conocen los problemas y conflictos que allí acontecen”.

Informó que su cartera articula acciones y programas con los ministerios de Trabajo y Desarrollo Social para “garantizar la máxima efectividad en la respuesta a cada plan”.

La ministra estuvo acompañada por la secretaria de Políticas de Prevención y Relaciones con la Comunidad, Ileana Arduino y por la directora Nacional de Participación Comunitaria, Marta Arriola.

La jornada incluyó la participación de las organizaciones en “talleres” de Formación Ciudadana en Políticas Públicas de Participación Comunitaria en Seguridad; Prevención y Control; y Prevención Comunitaria de la Violencia, en la Biblioteca Nacional.

"Me pareció

muy positivo"

Al respecto del acto del lunes y del propio concepto del Plan, el concejal Cobo, en diálogo con este diario, remarcó que "me pareció muy positivo", y señaló que, en definitiva, la propuesta "se asemeja a lo que nosotros habíamos postulado cuando estábamos al frente del Foro de Seguridad", con respecto al fomento de la participación ciudadana en materia de políticas de seguridad pública.

Por otro lado, Cobo manifestó su satisfacción por haber sido, junto a su par González, uno de los pocos invitados especiales que tuvieron ocasión de departir con la ministra Garré en el marco de la recepción efectuada luego en el Salón Rojo de la Facultad de Derecho de la UBA, que se encuentra a pocos metros de la Biblioteca Nacional.

También tuvo oportunidad de encontrarse con una vieja conocida, la licenciada Marta Arriola, ex subsecretaria de Participación Comunitaria del ministerio bonaerense de Justicia (hoy Justicia y Seguridad), integrada actualmente a Seguridad de la Nación precisamente como encargada del área de Participación Comunitaria.

Pero Cobo no dejó de remarcar la necesidad de reformular "cuanto antes" el Foro Municipal de Seguridad, en virtud de que esa estructura cumplirá un papel crucial en el marco del nuevo plan. En pos de ese cometido, Cobo se comprometió a colaborar "en todo lo que sea necesario".

En tanto, el edil justicialista precisó que de ahora en más se viene la etapa de consolidación del programa, para lo cual se irán realizando reuniones de organización primero a nivel de la CABA, que para tales fines fue dividida en varias regiones, prosiguiendo luego con las provincias del interior.

A ese respecto, es importante señalar que el ministro bonaerense de Justicia y Seguridad, Ricardo Casal, no firmó este lunes el convenio respectivo ya que fue decidido que, en el caso del distrito más importante del país, se realice para tales fines un acto especial en alguna ciudad de la provincia a designar.