Se interrumpen. Se corrigen. Se ríen. Fantasean. Se permiten soñar con algo grande, mucho más grande de lo que imaginaban a mediados de 2013, cuando empezaron a trabajar en un anteproyecto de reforma para el proceso penal. Parecen estudiantes de secundario recién llegados de la gira de Bariloche. Pero no, lo que excita tanto al legislador Marcelo Caponio (FpV); a los magistrados Carlos Caramuti y Eudoro Albo, y a la ex jueza y académica Ana Lía Castillo de Ayusa es una experiencia de cuatro días en Rosario, ciudad que el 10 de febrero pasado se erigió en meca de la Justicia penal moderna.

A coro aseguran en una reunión con este diario que ese viaje iniciático les demostró que sí es posible sacar al fuero del pozo de colapso y de frustración en el que cayó hace tiempo. “Si allá lo están logrando, entonces aquí también podemos conseguirlo”, apunta Albo. “Para salir adelante necesitamos trabajar sobre tres ejes: el normativo, que es la reforma del código procesal; el ‘organizacional’, que permite sostener el paso de un régimen fundado en la escritura a otro oral, y la capacitación”, postula Castillo de Ayusa. “La iniciativa para transformar la Justicia de Santa Fe nació hace siete años en el período del gobernador Jorge Obeid, y fue mantenida durante las gestiones de Hermes Binner y Antonio Bonfatti”, recuerda Caponio. “Esta debe ser una política de Estado que no dependa de un Gobierno ni de un poder”, añade Caramuti.

Hacer historia

El contacto con los resultados de la reforma en marcha desde hace 45 días “dio vuelta” al grupo de la comisión especial encargada de elaborar una propuesta de reforma para la investigación penal preparatoria que partió a Santa Fe. “Volvimos muy entusiasmados y convencidos de que debemos buscar un consenso”, dice Caponio. También integraron esa comitiva el legislador Ramiro González Navarro (FpV); el defensor Hernán Molina; los fiscales Adriana Gianonni y Edgardo Sánchez (ver punto de vista); José Farhat, secretario de Gobierno y Justicia, y dos asesores de Caponio: Enrique Sancho Miñano y Walter Ojeda Ávila.

En los pagos del cantautor “Fito” Páez, los tucumanos fueron recibidos por el fiscal regional Jorge Baclini y Daniel Erbetta, vocal de la Corte Suprema de Justicia (ambos funcionarios habían viajado a la provincia el mes pasado para exponer el caso santafesino en la audiencia pública que organizó la comisión). El grupo dialogó con Juan Lewis, ministro de Justicia y Derechos Humanos; asistió a una audiencia para presentar la imputación y debatir la prisión preventiva, y visitó el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal, el Ministerio Público de la Acusación, el colegio de jueces y la oficina de gestión llamada a ocuparse de todas las cuestiones administrativas que restan tiempo a las tareas -indelegables- de juzgar, defender e investigar.

“En cuanto a lo edilicio, nuestra realidad no es muy distinta a la de Santa Fe. Pero ellos disponen de un sistema informático muy eficaz, y de una cultura en la que se destacan la juventud, la elasticidad y el compromiso con el sistema”, describe Albo. “En la audiencia nos impresionó la capacidad de las partes para poner el acento en las cuestiones relevantes”, expresa Caramuti. “Usan un lenguaje entendible para el imputado. Comprobamos que este salió de la sala comprendiendo por qué el juez había dictado la prisión preventiva y cuántos días iba a estar encerrado”, subraya Castillo de Ayusa. “Ellos crearon numerosos cargos nuevos (sólo el Ministerio Público de la Acusación de Rosario tiene más de 140 fiscales), pero la Justicia de Tucumán dispone de muchos abogados en condiciones de actuar como defensores y fiscales adjuntos”, observa Caponio.

Entre otros aciertos del modelo santafesino, los representantes de la comisión especial mencionan la posibilidad de controlar las condiciones de detención; la “desburocratización”; la capacidad del fiscal para trabajar en el terreno; el mecanismo previsto para concluir las causas del régimen anterior y el tratamiento diferenciado de las denuncias de delitos sexuales. Y rescatan el clima de optimismo, la labor en equipo y la pérdida de atributos de poder -como el despacho- que agigantan la distancia entre el juez y el resto de la humanidad. Caponio, Castillo de Ayusa, Albo y Caramuti resumen aquella realidad con este comentario: “los santafesinos sienten que están haciendo historia. Nosotros debemos convencer a las autoridades de la provincia y a las entidades intermedias de que podemos aspirar a una revolución similar”.