Tal como lo adelantó ayer este medio, la Municipalidad de Córdoba pagó el salario de julio a unos 800 choferes de la exempresa Ciudad de Córdoba que ahora pertenecen a Ersa y Autobuses Santa Fe. 

Ayer, el intendente Ramón Mestre confirmó que la comuna desembolsó unos ocho millones de pesos para cumplir con el compromiso asumido ante los trabajadores en medio del conflictivo traspaso de las líneas y el personal entre las privadas. Es que la abrupta salida de Ciudad de Córdoba hizo que los directivos de esa firma adujeran no tener fondos para hacer frente al pago de salarios por lo que el municipio, para evitar medidas de fuerza, se hizo cargo de ello. Pese a que esos trabajadores ya son empleados formales de Ersa y Autobuses Santa Fe, el dinero salió del erario público.

Aun cuando Ciudad de Córdoba seguía al frente de los corredores 20 y 70, la gestión radical abonó parte del adelanto de salario que cobran los choferes por convenio y que le correspondía a la privada pagar; también el municipio abonó una suma fija de 1.100 por cada trabajador, y el miércoles depositó el resto de dinero para completar los sueldos. 

Con estos ocho millones de pesos, la deuda que Ciudad de Córdoba mantiene con la comuna capitalina ya supera los 30 millones de pesos. Y si bien desde el Palacio 6 de Julio confían que “en algún momento” ese dinero será recuperado, con la empresa fuera del sistema y habiendo pedido la apertura del concurso preventivo, ese objetivo parece de difícil cumplimiento por lo menos en el mediano plazo. “Se van a arbitrar todos los medios legales para presentarse en el concurso y poder tratar de recuperar los recursos sobre la base de las acciones legales previstas en el concurso de acreedores”, dijo ayer el jefe comunal. 

El edil opositor Esteban Dómina sostuvo en reiteradas oportunidades que el traspaso le costó al municipio unos 40 millones de pesos y consideró que ese monto es virtualmente “irrecuperable por cuanto la empresa solicitó la apertura del Concurso de acreedores, hallándose dicho pedido en trámite en el Juzgado 52° de Primera Instancia Civil y Comercial”.

Según Dómina, esos 40 millones de pesos incluyen -además del pago de salarios, el combustible y otros gastos operativos que se hizo cargo el municipio durante los últimos días de servicio de Ciudad de Córdoba- la deuda por anticipos y préstamos no cancelados por 24 millones de pesos. Asimismo, el edil señaló que pueden surgir otros ítems a considerar cuando el municipio deba verificar sus créditos una vez abierto el concurso preventivo. “Las acreencias del municipio no tienen ningún privilegio (garantía hipotecaria o prendaria) y por tanto son créditos quirografarios de improbable realización. Todo ello sin tener en cuenta el costo potencial del juicio que la empresa anunció que entablará por entender, según declararon públicamente sus voceros, que la caducidad decretada por el intendente Mestre fue arbitraria y provocada para favorecer a otra empresa”, agregó el edil.