Los ediles del Frepam y del PJ estuvieron de acuerdo. La resolución es un respaldo, en cierta forma, al municipio, que rechaza la instalación de un nuevo horno pirolítico en lugar del que salió de funcionamiento en el Molas.

El gobernador Oscar Mario Jorge ha anunciado que destinará recursos para ese fin y no para la compra de un autoclave, como pretende ahora la administración del frepamista Francisco Torroba. La pulseada se definirá en los próximos meses.

El jueves,en el Concejo Deliberante, se aprobó el despacho de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable, la ordenanza mediante la cual se prohíbe en la jurisdicción de la Municipalidad de Santa Rosa el tratamiento por incineración de residuos patológicos.

Durante el debate, e concejal del Frepam, Gastón Massari Copes, lamentó que haya transcurrido tanto tiempo para llegar a este despacho de la comisión que preside por “discusiones políticas y no de política ambiental”. Recordó el camino seguido, incluso por el concejal ambientalista Leandro Altolaguirre en gestiones anteriores.

“Durante esta gestión, decidimos estos 12 concejales la creación de una comisión abocada al tratamiento de los residuos patológicos, de la que participaron todos los actores, no sólo los que intervienen en el proceso de generación de los residuos, sino también representantes de las fuerzas vivas, de la UNLPam, la CPE, el gobierno de la provincia, la fundación Chadileuvú y funcionarios de este municipio. Nadie tenía la verdad revelada, pero si sabíamos había que escuchar a cada actor para llegar a una solución”, indicó el edil.

Rcordó también los viajes realizados a otras ciudades para conocer otras experiencias sobre el tratamiento de estos residuos, como “Rosario, Neuquén, Olavarría, Córdoba. Todos los viajes sirvieron para definir la política ambiental a seguir. Luego empezó otra etapa, que tomó muchos más titulares que la anterior y fue la de la discusión política con el gobierno provincial”, se lamentó.

“Santa Rosa había definido un rumbo y el gobierno provincial nos presentaba otro. Al ser ellos los financistas debíamos seguir el camino que ellos nos fijaban chocando con lo que se había decidido. Como presidente de la comisión de ambiente y de aquella comisión ad hoc con tanta participación, destaco que este despacho fue acordado con todos los concejales, que tiene origen en gestiones anteriores, que ha llevado demasiado tiempo y que la ciudad estaba esperando desde hace mucho. Este trabajo ha dado uno de sus frutos, es un paso, no el único que hay que dar, nos quedan cosas para hacer, pero es el primer paso y creo que todos debemos acompañarlo”, subrayó.

Por su parte, Altolaguirre se refirió a que su insistencia en el tema “comenzó en el año ‘97, antes de que el horno se instalara en Santa Rosa”, con la realización de numerosas presentaciones ante la justicia, tanto en el orden provincial como en cada municipio de las localidades que traen a Santa Rosa esta clase de residuos.

Explicó el concejal que todo este tiempo se usó un sistema cuyos controles, especificados por ley, no se cumplieron con el argumento de que los fondos eran insuficientes. “Si no hay dinero para esos controles, no se debe elegir ese sistema que después no se puede controlar”, dijo.

Remarcó el deterioro del horno por el uso incorrecto y utilizado en demasía, la falta de correcta indumentaria del personal, y que en la gestión de Néstor Alcala “se gastaron 200 mil pesos para repararlo, pero se olvidaban de cómo se afectaba con su uso a los vecinos de Santa Rosa, especialmente a los barrios de San Cayetano, Villa Germinal, Tomás Mason, Zona Norte”.

Describió a esa zona como la más afectada históricamente ya que allí también está ubicado “el hospital, el cementerio, el relleno a cielo abierto, los piletones, sin embargo hay cada vez más barrios, sin forestación o lugares de recreación. Todo esto siempre se denunció”.

Mencionó también que en 2003 con el concejal Edgar Alonso, “presentamos un proyecto para prohibir la incineración porque viola toda legislación, porque todo lo que exige para controlar es tan costosa que la hace inviable. Sin embargo, vivimos en una sociedad que le gusta quemar, pero esto genera agentes cancerígenos persistentes, creando mayores probabilidades de contraer esta enfermedad”.

“Llegamos a esta gestión -continuó- con el compromiso desde la campaña de cerrar este horno, porque como lo dijo Massari hubo dilaciones políticas, porque también dentro de esta gestión estaba arraigada la costumbre de incinerar, porque creen que con eso se soluciona un problema. Lo importante de esto es que hemos llegado, aunque sea tarde, a esta ordenanza de prohibición de residuos patogénicos. No es bueno tener normas que prohíban pero dada la costumbre tan arraigada, incluso de funcionarios que siguen emperrados en seguir incinerando, no hay otra alternativa que prohibir”.

Massari Copes aclaró que “la dilación de la que hablé fue por incomunicación entre gobierno municipal y provincial. Segundo, el discurso de Altolaguirre podría haber sido hace 10 años, pero no hace 2, ya que el equipamiento de los trabajadores se mejoró tras una reunión con el personal, y tercero, la voluntad de los funcionarios se plasma en la voluntad del intendente. Lamento que no sea visto como un adelanto. Creo que es momento de aplaudir que esta gestión, en dos años, le dio un primer paso de solución al tema”.

Por otro lado, la concejala del PJ Silvia Faidutti mencionó que su partido “en campaña también teníamos este tema en carpeta”. Y coincidió con los concejales Massari y Altolaguirre en que “si bien se hizo una comisión ad hoc con la participación incluso de la universidad, el informe que generó a fines de 2008, llegó el 30/11/2010 al gobierno provincial”.

Criticó que “algunos elementos no se ha repuesto de forma periódica” y que al tema “lo estamos hablando a medias porque han fallado las políticas de estado. Qué casualidad que venimos bregando desde el 2008, y votamos este despacho a 10 días de que se quemó el horno. Si bien desde el Concejo se trabajó con esmero, desde el municipio siempre faltó decisión”.

Luego asumió la presidencia Sulma Valenzuela y Guillermo José Di Liscia habló como concejal del FrePam para remarcar “el aspecto político del tema que no estamos considerando en el debate”. Como ejemplo indicó que “cuando se llega a apagar un incendio se pregunta quién es el dueño del fuego”.

En el caso de los residuos patológicos “el dueño es la autoridad de salud pública, generadora de los mismos. Todavía no es un problema ambiental, comienza a serlo cuando la autoridad de salud pública establece el método de tratamiento en un horno pirolítico”, alertó.

“El gobierno provincial resolvió en su momento con un convenio con la municipalidad instalar un horno pirolítico. Esto es un caso de perjuicios del nieto, de un abuelo millonario. Muchas cosas que se tenían que resolver en el ámbito municipal, se resolvían en la provincia. Pero ahora, gracias a la autonomía municipal lograda, definimos cómo resolver nuestros problemas. Por eso, los 12 concejales por unanimidad consideran adecuadas esta nueva forma de tratamiento”, resaltó.

“Sin echarle la culpa a nadie, hasta ahora le hemos dado una mano a la provincia y se la queremos seguir dando. Es la provincia el generador y dueño de los residuos y en Santa Rosa, decidimos que no se incinera más y que no se recibe más en cualquier cantidad y disponemos también, qué vamos a recibir y cómo. Vamos a obligar al solucionador del problema a usar una autoclave”, sostuvo.

“Se ha madurado en Santa Rosa, en proteger su ambiente y en obligar a que los dueños del problema, se sienten con nosotros para la solución de un tema que afecta a los vecinos de la ciudad y la provincia”, completó.

El concejal del Frepam Marcos Cuelle respondió a la acusación del PJ sobre falta de política de estado en torno al tema y mencionó las numerosas gestiones realizadas hasta al momento que desembocan en la presente ordenanza. Destacó de la misma, que el artículo 2 especifica que “se suspende la recepción de residuos patológicos, a partir de los 60 días corridos de promulgada la misma, dándole tiempo al gobierno provincial de adaptarse a la nueva legislación, sin ponerles palos en la rueda”.