De los 3.600 taxis que actualmente hay en la ciudad, 500 están sujetos a derecho de explotación (la últimas licencias otorgadas) y deben circular durante todo el día. Los 3.100 restantes tienen que cubrir entre 12 y 16 horas por jornada.

   “Los controles callejeros y en los lugares donde se realiza la revisión técnica permitieron detectar más de 50 licencias en infracción por no cumplir con el mínimo de horas para trabajar”, explicó a LaCapital el director de Fiscalización de Transporte de la Secretaría de Servicios Públicos municipal, Henry Fabro.

Caución. A algunos de los infractores les labraron un acta, instancia que permite seguir circulando, mientras que a otros (“con faltas más alevosas”) el municipio les aplicó la caución de la chapa, sanción que puede ir de cinco a diez días. El castigo más duro contemplado por las autoridades es la caducidad de la licencia.

   Respecto del perfil de los infractores, en el Palacio de los Leones parecieron marcar diferencias entre el poseedor de una licencia y algunos titulares que tienen dos o más choferes, sobre los que la lupa está posada por incumplimiento de horario y las condiciones en que se encuentran sus conductores.

   Para Fabro, la meta de los controles “es hacerles ver a los taxistas que están prestando un servicio público y hay que cumplirlo”.

Reclamos. Las infracciones vienen siendo detectadas a través de los relojes colocados en cada unidad o mediante el sistema de seguimiento satelital (GPS). También por los reclamos de usuarios, que (sobre todo a principios de cada mes) suelen esperar varios minutos por un taxi en las esquinas de una ciudad en la que la demanda del servicio creció a la par de la multiplicación de los centros comerciales o de esparcimiento (shoppings con cines y el casino) que ya no están concentrados mayoritariamente en la zona céntrica.

Resistencia al GPS. Acerca de los controles, Servicios Públicos había oficializado días atrás la caución de 30 chapas de taxis por no poseer equipos de GPS. Las licencias son retenidas hasta que los titulares regularizan los requerimientos, en estos casos, colocar los aparatos exigidos.

   Desde 2008 —consecuencia de intensos debates que siguieron al asesinato de un taxista— rige una ordenanza que establece la obligatoriedad de esos dispositivos de seguridad en las unidades, aunque hay taxistas que argumentan no poder afrontar los costos del rastreo satelital y sostienen que la seguridad debe ser otorgada por el Estado.

    Días atrás, cuando en una revisión vehicular le retuvieron la licencia a un taxista por no contar con el sistema de GPS, un grupo de choferes comenzó a organizar la presentación de recursos de amparo contra la ordenanza que los obliga a contar con ciertos elementos de seguridad.

   En este marco, ya se hicieron más de un centenar de presentaciones judiciales con los mismos argumentos. Otra polémica teñida de negro y amarillo que promete más capítulos.

Aumentos

Esta semana el Concejo Municipal comenzará a definir los dos incrementos para la tarifa de taxis a aplicar en lo que resta del año. Uno será del 16 por ciento y si se aprueba en el recinto entraría en vigencia antes de fin de mes. El otro aumento, calculado entre el siete y el ocho por ciento, se concretaría a partir del 1º de noviembre. La cuestión empezará a analizarse hoy, en la reunión que mantendrá la comisión de Servicios Públicos del cuerpo deliberativo. A priori, la suba parece tener consenso.