Estará integrada por vecinos, distintas áreas del gobierno municipal y otros organismo del Estado con presencia en el barrio. La primera tarea será hacer un relevamiento integral para avanzar en la regularización de la titularidad de las tierras.
"Hace unas semanas, desde la Delegación se repartieron unos volantes invitando a algunos vecinos a presentarse en el local de la recientemente inaugurada inmobiliaria para regularizar la posesión de sus tierras", explicaron a este medio pobladores del barrio, quienes se mostraron preocupados por la posibilidad de que Suipacha les reclamara el pago de los lotes que efectivamente ocupan, en algunos casos desde hace varios años. "Vemos mal que este trabajo se haga desde la Delegación local. Creemos que la Municipalidad tiene que estar del lado del vecino, no de la empresa. Incluso la trabajadora social del barrio firmó un acta asentando que repartía los volantes en disconformidad", completaron.
En este marco, los vecinos decidieron organizarse en asamblea y enfrentar la situación en forma conjunta. A fines de mayo, presentaron una carta en la Delegación para solicitar una reunión con el director de Tierras y Viviendas. En el texto señalan que el barrio "ha crecido a pasos agigantados por el hacinamiento en Capital y el Conurbano, y la falta de trabajo en las provincias y los países limítrofes; las personas tenemos que buscar un lugar donde tener un pedazo de tierra, hacer nuestras casas y vivir mejor que como vivíamos", en tanto afirman que "el problema es que en un país con miles y miles de hectáreas la tierra es un negocio, y para colmo está en pocas manos".
También rechazan el calificativo de usurpadores "porque no le sacamos nada a nadie". "Vivimos en tierras que no le interesaban a nadie y que estaban abandonadas por el Municipio y las inmobiliarias; las ocupamos pacíficamente para vivir y producir". "¿Cómo no nos va a preocupar que se tejan negocios por lo bajo a costa nuestra? Por ineptitud o complicidad, la Delegación y el Municipio están ayudando a la inmobiliaria a cobrarnos o quitarnos el pedazo de tierra donde depositamos nuestros sueños", concluyen.
MESA DE TRABAJO
En este marco, el pasado viernes 31 de mayo, en la sede de la Delegación de Open Door, tuvo lugar la reunión solicitada por los vecinos. Además del delegado municipal, Daniel Cherencio, y el director de Tierras y Viviendas, Carlos Patetta, también asistieron la concejal oficialista Mónica Laporte; el subsecretario de Políticas Sociales, "Coco" Sequeira; el director de Políticas Sociales, Guillermo Bertoni; el subdirector de Emergencia y Atención Directa, Javier Sosa; el director de Anses, Mauricio Molinero; y los concejales Silvio Martini (FpV-PJ), Adriana Rosso (FpV) y Jorge Artero (Unión Celeste y Blanco).
Los vecinos se presentaron en buen número y reafirmaron los conceptos planteados en la carta citada: "Nosotros ya somos los propietarios de estas tierras. Construimos nuestras casas y criamos a nuestros hijos ahí. Además, nos ocupamos de compensar la ausencia del Estado en materia de prestación de servicios públicos: cortamos el pasto, entoscamos las calles, creamos espacios comunitarios", señalaron. Patetta escuchó el reclamo de los vecinos, admitió el déficit histórico que el Estado Municipal tiene en ese barrio en materia de servicios públicos, principalmente por no estar integrado al casco urbano del pueblo, al tiempo que indicó que la inmobiliaria Suipacha tiene en su poder alrededor de un tercio de los 3000 lotes que conforman el barrio. El funcionario planteó que "este es un problema compartido por otros barrios, no sólo el Luchetti", y aseguró que "no todos ocupan terrenos de esta inmobiliaria y seguramente hay diferentes situaciones según los casos". "La actual ley provincial sólo permite escriturar por ocupación efectiva a quienes puedan demostrar que llevan más de ocho años en los lotes", dijo, y advirtió que en caso de conflicto con otros poseedores, el Municipio "no puede intervenir en conflictos entre privados".
Los vecinos, por su parte, señalaron que existen antecedentes de carácter excepcional en Escobar y Moreno en los que la Comuna expropió tierras de privados para permitirles a los vecinos la escrituración de sus tierras, insistiendo en solucionar el problema en forma conjunta, "porque es un tema social y colectivo". Por su parte, Ina Cavallini, funcionaria del área de Tierras de la Municipalidad de Luján, se expresó en relación a los volantes repartidos que generaron la reacción de los vecinos y explicó que "se trataba solamente de algunos casos puntuales de vecinos que ya tenían forma de demostrar la titularidad de sus terrenos y que debían acudir a la inmobiliaria en busca de la documentación necesaria para tramitar la escritura".
De este modo, se acordó constituir una Mesa de Trabajo que integre no sólo a los vecinos y a distintas áreas operativas de la Municipalidad, sino también a otros organismos del Estado como la Subsecretaría Social de Tierras, Urbanismo y Viviendas de la Provincia de Buenos Aires y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), que viene trabajando en el barrio desde hace tiempo. La primera tarea que encarará la Mesa es hacer un relevamiento integral de la posesión de las tierras en el barrio para determinar qué ocurre en cada caso. Mientras tanto, el Municipio se ofreció como garante para que no se produzcan desalojos violentos, como el que ocurrió el pasado mes de marzo.
Al cierre de esta edición, se realizaba la primera reunión en el Centro de Jubilados de Open Door, con la intención manifiesta de trasladar luego los encuentros al Centro de Actividades Infantiles (CAI), único espacio comunitario del barrio.
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