La Mesa solicitó esta semana audiencias a funcionarios públicos y ayer los representantes del grupo indicaron en conferencia de prensa que brindarán información a la opinión pública sobre la violencia institucional en la provincia y sobre la actualidad de las causas judiciales vinculadas en las ciudades de San Pedro, Libertador General San Martín y Tilcara.

En este sentido, Inés Peña, como una de las referentes de la novel mesa, explicó que la violencia institucional es la aplicación de prácticas que resultan lesivas para la libertad, la integridad, la dignidad y la vida de las personas, llevadas a cabo por agentes estatales en el uso de las facultades otorgadas por el Estado; siendo además un acto de violación de los Derechos Humanos por impedir la seguridad personal.

Sobre el plan de trabajo del grupo, Peña indicó que es una primera instancia se difundirán los objetivos de la mesa en los sectores vulnerables de la sociedad, promoviendo siempre la protección de los Derechos Humanos.

El padre de Sonrisa Gómez, Juan Gómez, también conforma la Mesa, y en su rol de familiar de unas de las víctimas dijo que intenta difundir que la violencia institucional está presente y que además de la Policía -institución a la que vincula a la muerte de su hijo-, también hospitales y otros organismos violan constantemente los Derechos Humanos de la comunidad.

"El interior de la provincia es el que más sufre, porque en el caso de la Policía, dicen que se defiende a delincuentes y que los policías actúan correctamente al golpearlos, pero esa no es su función", expresó Juan Gómez.

Si bien se aclaró que la violencia institucional puede ser ejercida por cualquier trabajador del Estado, las abogadas especialistas en Derechos Humanos Marcela Moon y Rosario Dassen manifestaron que en donde más se refleja la problemática es en la actuación de la Policía.

Numerosas denuncias

En este sentido indicaron que llevan adelante numerosos casos de violencia por parte de esta fuerza, y que observan que no existe voluntad por resolver estos temas, aunque en la Secretaría de Derechos Humanos se recibieron aproximadamente 15 o 16 expedientes de denuncias de torturas y detenciones arbitrarias.

"En noviembre el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) presentó un informe al entonces ministro de Gobierno, Oscar Insausti, en el que daban cuenta de prácticas sistemáticas, intimidatorias y de hostigamiento hacia los jóvenes, y que esto puede darse porque no existe un control hacia las fuerzas de seguridad", dijo Dassen, indicando que en este sentido buscarán avanzar legalmente con las causas a su cargo.