Los datos con los cuales se confeccionó el informe fueron recabados de fuentes policiales, tanto del servicio de emergencias 911 y como del CPC, siendo rigurosamente cotejados entre sí.

Desde la Mesa, valoraron la elaboración del Análisis y su publicación, lo que permite el control ciudadano, bajo el paradigma del Acuerdo por la Seguridad Democrática.

De hecho, según explicó Schleider, por primera vez la ciudad cuenta con este tipo de información en base a una estadística oficial, que la posiciona como la primera localidad del país en lograrlo.

Con relación a los motivos principales de intervención del CPC, el 26% fueron robos sin arma de fuego; el 11% encubrimientos; el 10% hurtos; el 8% averiguación de identidad o de ilícitos; el 4% robos con armas de fuego; mientras que el 41% restante nuclea un diferentes delitos o incidencias.

Entre ellos, se hizo especial hincapié en las “averiguaciones de identidad”, donde los aprendidos eran en su mayoría varones de entre 17 y 25 años, de barrios periféricos de la ciudad. Como dato llamativo, Schleider reveló que la semana siguiente a la presentación del Análisis, hubo un único procedimiento de estos, y ninguno por encubrimiento.

Del análisis se desprendió también que “la distribución geográfica del patrullaje del CPC no está respondiendo a parámetros de racionalidad”. En este sentido, el informe determina que “una planificación de la prevención sobre sectores fijos del territorio no tiene razón de ser”.

Los 23.813 despachos del 911 con intervención del CPC fueron reclasificados por el equipo del Centro de Análisis, y se categorizaron en cuatro tipos principales y uno residual: delitos contra la propiedad 24%; conflictos interpersonales 15%; alarma 20%; sospechosos 15%; y otros 26%.

En lo que respecta a la categoría “sospechosos”, el informe indica que “responde a los llamados por situaciones muy dispares, que en general no dan lugar a actividad de relevancia, y que se muestran como una mera aplicación del ‘olfato social’, que ve en los portadores de ciertas características físicas a los enemigos amenazantes”.

En cuanto a la categoría “alarma”, se destaca que un 20% de los recursos del CPC se destinaron a la atención de alertas generadas por alarmas particulares administradas por agencias de seguridad privada. De ese porcentaje, el 97% fueron falsas alarmas.

Por otro lado, los datos arrojan que los robos de automotores se concentran en un 4% de la ciudad, específicamente en la zona céntrica.

A su vez, la Mesa mostró preocupación en relación a que el 80% de las aprehensiones por drogas de la Policía Departamental son por tenencia o consumo personal de marihuana en vía pública, lo que demuestra un desvío de esfuerzos y recursos en la persecución de la narcocriminalidad.

Asimismo, se sugirió aunar esfuerzos para la sistematización de datos vinculados a delitos cometidos por funcionarios públicos, causas armadas, procedimientos fraguados y el manejo de armas de los agentes policiales, con el objeto de crear estrategias que tiendan a erradicar los casos de violencia institucional.

Por último, los integrantes de la Mesa ofrecieron colaboración y plantearon la necesidad de profundizar los análisis sobre los datos que arrojó el informe, con el fin de generar políticas públicas que aporten a la construcción de una seguridad democrática.