Luego de la avalancha de críticas recibidas por sellar el improvisado "compromiso de aprobación" que propuso la bancada radical, los justicialistas de Merlo no se retractan de esa decisión forzada pero distan de tomarla como un hecho consumado. Al parecer, la presión de los preadjudicatarios y de Juan Carrizo (mentor de la barriada K junto al basural) sirvió para marcar un punto de inflexión en el trabajo cotidiano pero no para cerrar el proyecto a ciegas, tal como se especulaba. Ahora el bloque intentará imponer su mayoría sobre tres ejes que entrarán a debate la semana que viene: la continuidad del plan de orden urbano, la investigación al intendente por presunto falseo de documentación y la posibilidad de buscar otro espacio más amigable en la ciudad para edificar las cincuenta y dos viviendas prometidas por el Municipio.

El sorpresivo giro fue anunciado por la presidenta del cuerpo, la peronista Norma Mansilla. "No podemos, como personas ni desde la responsabilidad pública, firmar una decisión en detrimento de nuestros vecinos. No vamos a condenarlos a vivir en el hacinamiento ambiental. Fueron mal o desinformados a partir del momento en que empezaron a pagar los terrenos sin que mediara la aprobación del Concejo", remarcó la edil. Y ponderó la responsabilidad del intendente Sergio Guardia, que arrancó silencioso con las gestiones en septiembre notificando a los legisladores en pleno receso estival: "Personalmente me da mucha bronca que el Ejecutivo deje pasar estas cosas, no se por cuál favor político o que ventaja tendría al permitir que la gente, las criaturas, convivan con esa peligrosa situación ambiental".

La noche del jueves, Mansilla y el resto de los ediles conocieron en detalle la planificación urbana pensada para esa zona ubicada a unos seis kilómetros del centro, donde concentrarían antenas, plantas eléctricas, tratamiento de efluentes y residuos, y otra etapa del Parque Industrial. También conocieron que, por la dispersión de las viviendas, quedan numerosos sectores dentro y alrededor de la ciudad que podrían ser loteados fuera de toda contaminación y envueltas por servicios. En esos puntos, el bloque PJ pondrá el ojo para proyectar las cuestionadas casas que promueve Carrizo con dineros nacionales.

"Antes hay que estudiar la documentación que pedimos a los vecinos para constatar los mecanismos de compra venta y si realmente la Nación está detrás del proyecto", explicó.

Esos espacios en blanco dentro de la ciudad eran bien conocidos por Guardia, quien aún así alentó la construcción en el portal rural de Cañada La Negra, ajena a cualquier servicio y posibilidad de urbanización, prestando maquinaria municipal: "Después de perder tiempo y dinero con el Planeamiento Territorial, empezamos a trabajar con un equipo de profesionales que el intendente contrató, además de dos empleados del área por el designados. Estaba perfectamente al tanto de todos los avances que se fueron realizando. Pero los desoyó".

Mientras el Concejo analiza la confección de un protocolo para evitar nuevos tumultos como el que el lunes guió Carrizo, aguarda la llegada del informe pedido al jefe comunal para detectar en qué condiciones elaboró y firmó la declaración jurada que asegura que los terrenos tienen todos los servicios. "La realidad demuestra que no es así", subrayó la presidenta del cuerpo.