En un fallo que dará que hablar a futuro, la Suprema Corte de Buenos Aires (Scba) ratificó la decisión tomada por la Cámara Penal de la Plata en 2009 en la que se reglamentó y prohibió la detención de menores de edad por contravenciones, averiguación de identidad o por razón asistencial.

En un dictamen que data del último 23 de abril, la Corte rechazó el Recurso Interpuesto por el Ministro de Seguridad y Justicia de la Provincia, Ricardo Casal para que se revoque el mencionado fallo, ordenando además a las fuerzas de seguridad que “se abstengan de aprehender o detener a menores de 18 años de edad, por presuntas infracciones o averiguación de identidad”.

Asimismo, la Scba confirmó que “las aprehensiones preventivas de menores de edad por averiguación de identidad se han transformado en una facultad policial desproporcionada en relación a los principios que rigen el sistema, circunstancia que se agrava por la detención en comisarías”.

Lo cierto es que la noticia no deja de ser polémica, ya que la decisión de la Corte sale a la luz en un contexto plagado de casos en donde los jóvenes de los estratos más bajos recurren al hurto y a la violencia para sortear los problemas que deben afrontar en el seno de sus familias. La situación, denunciada más de una vez por nuestro diario, se agrava todavía más en zonas como el Conurbano bonaerense, donde la droga también se suma a este peligroso combo explosivo.

“La preocupación está en no desvirtuar lo que es la política de contención y disposición de menores involucrados en delitos. Si bien no pueden ser tratados como mayores, esto no significa que no tengan la tutela del Estado provincial y la disposición tutelar a la que deben ser sometidos”, dijo a Hoy el abogado Eduardo Guarna, presidente de la organización Fiscales Sin Fronteras.

Según Guarna, “entendemos que tiene que haber una reforma integral de lo que es la política criminal en relación a los adultos y menores, ya que la utilización de menores ha sido una constante dentro del delito. Y si bien se encuentran protegidos por derechos humanos, eso no quita que sean protagonistas de situaciones de violencia y delitos graves”. Y agregó: “por lo tanto, la reforma tiene que ser integral, para darle la contención adecuada, siempre bajo la tutela judicial”. En este sentido, la realidad de la Provincia sigue siendo una verdadera bomba de tiempo, ya que, como destacó el titular de Fiscales Sin Fronteras, “sobre 16 millones de habitantes de la provincia de Buenos Aires, siempre, exponencialmente, el número de menores potenciales futuros delincuentes es mayor”.

Por su parte, otro de los consultados por este medio, el senador provincial Alberto de Fazio, dejó en claro que “la Suprema Corte Bonaerense mira el canal equivocado. Eso sí, deja que sus jueces inferiores se maten en los medios y se denuncien mutuamente”.

Piden discutir la baja de la imputabilidad

En diálogo con Hoy, Eduardo Guarna explicó que “la discusión sobre bajar la imputabilidad a 14 años necesita ser estudiada y evaluada dentro de un contexto de prevención, porque a los menores que no se los cuida desde su adolescencia, tampoco después se les puede caer con el peso de la ley en su totalidad”.

“La política debe centrarse en la modificación del sistema penal, pero también debe haber una importante política de prevención de todos los sectores vulnerables que pueden generar futuros menores delincuentes”, sentenció.

En FOCO /

Una flagrante contradicción

Mientras el gobierno nacional impulsó con énfasis una discutible ampliación de derechos políticos para chicos de 16 y 17 años, permitiéndoles votar en los próximos comicios legislativos, ninguno de esos chicos podrá ser demorado en la Provincia por el personal policial que tenga la presunción de que se está por cometer un delito.

De esta manera, en un país con índices récord de inseguridad, se le quita a las fuerzas del orden la posibilidad de contar con una importante herramienta para prevenir antes de que se concrete el accionar delictivo que, como se sabe, todos los días se cobra la vida de ciudadanos inocentes. Es más, la decisión de la Suprema Corte va en contra de los propios pibes en situación de riesgo ya que la averiguación de antecedentes también puede servir para evitar que terminen muertos o malheridos producto de su propio accionar delictivo.

Solamente, en La Plata, durante el año 2012, menores de edad cometieron 24 homicidios, de los cuales 8 se consumaron y 16 fueron en grado de tentativa. A su vez, cometieron 12 violaciones con acceso carnal, 84 delitos contra la integridad sexual, 479 asaltos y 240 robos agravados por el abuso de arma. En total, se denunciaron 2885 delitos en el Fuero Penal Juvenil, es decir, se abrieron casi 8 causas penales por día que tuvieron como acusados a menores de 18 años en la capital bonaerense.

A raíz de la situación de extrema mar­ginalidad en la que viven miles de jóvenes, producto de una política económica que no genera empleo genuino y condena a uno de cada tres argentinos a ser pobre o indigente (sobreviviendo en el mejor de los casos con dádivas que reparte discrecionalmente el gobierno), son cada vez más los chicos que no tienen otra alternativa que dedicarse delinquir.

Esto es producto de un sistema político que hizo de la exclusión de miles y miles de compatriotas su razón de ser, consiguiendo el voto fácil a partir de la extorsión que significa el clientelismo político.

No es una mera casualidad que en la provincia de Buenos Ai­res, especialmente en el Conurbano (donde el gobierno nacional tuvo su mayor caudal electoral), haya un millón de pibes que no estudian ni trabajan.

Permitirle a los chicos de 16 y 17 años poder votar como si fuesen adultos, sin tener que cumplir prácticamente con ninguna de las obligaciones que se le exige a una persona que ya es mayor de edad, es una clara muestra que la reforma electoral que puso en marcha el kirchnerismo es un intento desesperado por conseguir votos ante una sociedad que, hace tiempo, le viene dando la espalda.

Producto de esta estrategia maquiavélica, todos los beneficiarios de los planes sociales tuvieron la obligación de renovarle el DNI a sus hijos (de los contrario dejaban de percibir la asistencia social), mientras a que el resto de los jóvenes apenas se destinó una confusa campaña publicitaria, que duró unos pocos días, para dar a conocer que aquellos chicos de 16 y 17 años que no tengan el documento en forma de tarjeta, otorgado por el Ministerio del Interior, no podrán sufragar.

De esta manera, una vez más, se pone de manifiesto que detrás de la cáscara de las consignas pronunciadas por los supuestos progresistas K, se esconde una política absolutamente conservadora y reaccionaria que apunta a que nada cambie.