Urtubey, en plena campaña proselitista en la que el principal protagonista era su hermano y actual senador Rodolfo, intentaba acallar las duras críticas que se le hacían por la falta de inversiones concretas de los recursos del FRH.

Urtubey dispone desde hace tres años de esos recursos que no se materializan en obras; la escuela y la terminal de ómnibus de General Mosconi, la Casa de la Cultura de Tartagal, varios edificios escolares en el norte provincial en los que deben invertirse los 185 millones de dólares que la Provincia consiguió negociando las regalías hidrocarburíferas, están cada día más lejanos de concretarse más aún con la última devaluación del peso argentino.

Como se recordará, los responsables del FRH, al recibir esos recursos, pesificaron los 185 millones de dólares y los pusieron a plazo fijo. Como es de conocimiento público, hace 3 años la bolsa de cemento como casi la totalidad de los materiales de construcción costaban la mitad; de los recursos disponibles del Fondo solo se invirtió en obras menores el dinero que disponían los municipios. Así se construyó una sala de primeros auxilios en Yacuy, a la que nunca se le designó personal propio como médicos, enfermeros o agentes sanitarios.

Una gran comitiva

En el acto de inauguración del Centro de Jóvenes en Conflicto con la Ley Penal de Tartagal el primer mandatario provincial estuvo acompañado de los ministros de Trabajo, Eduardo Costello; de Educación, Ciencia y Tecnología, Roberto Dib Ashur; de la asesora legal de Incapaces, Mirta Lapad; del director del Fondo de Reparación Histórica, Juan Carlos Galarza, de diputados nacionales y legisladores departamentales. La figura más importante fue el entonces candidato a senador nacional por Salta Rodolfo Urtubey. En el acto proselitista el primer mandatario se refirió al compromiso del Gobierno “de abordar la problemática de los jóvenes en conflicto con la ley desde las políticas sociales y no desde la política de seguridad. A través de estos centros nuestro desafío es seguir brindando a los jóvenes contención, inclusión y oportunidades”.

La ministra de Derechos Humanos, María Pace, por su parte, habló del “cambio de paradigma en el abordaje de la problemática de los jóvenes en conflicto con la ley iniciado desde la gestión de Urtubey, para hacer de los jóvenes ciudadanos con oportunidades”.

Pace también se refirió al nombre elegido para el nuevo edificio, expresando que “Fray Honorato Pistoia fue un cura franciscano que se dedicó a trabajar por los jóvenes vulnerables y es por eso que elegimos este nombre honrando su memoria”. Ni la elección del nombre del nuevo edificio respetó el sentir de los norteños, quienes familiarizados con nombres de curas franciscanos que fueron pioneros en el norte provincial trabajando por las comunidades criollas y aborígenes como Angélico Scipione o Luis María Borghini, no sabían quién era Pistoia.

El nuevo edificio inaugurado pretendía ser el tercer Centro de Jóvenes en Conflicto con la Ley que se ponía en marcha en la provincia.

Hoy el edificio está cerrado

Pasados ya cuatro meses el centro está cerrado; si bien la obra fue entregada en el tiempo establecido nunca entró en funcionamiento y al menos en Tartagal nadie sabe precisar por qué motivos los menores siguen hacinados en una casa de familia ubicada en la calle Belgrano al 700. Pero fuentes del Servicio Penitenciario confiaron a este medio que en la actualidad hay 20 jóvenes de entre 14 y 17 años que se encuentran alojados en esa vivienda, acusados por diferentes delitos. “El motivo por el cual no se habilita el centro es por falta de mobiliario, de personal, de medidas de seguridad y de móviles afectados a ese centro”, manifestó .

“La obra se inauguró durante la campaña pero el edificio no tiene gas natural; a las habitaciones les faltan rejas y que se tomen las medidas de seguridad como por ejemplo, amurar las camas para que no sean utilizadas con otros fines por parte de los internos. Hasta el momento no se designó personal para ese centro y tampoco se le entregó un móvil, necesario para trasladar a los menores al juzgado, al hospital o donde sea necesario. Por el momento lo que se hace es trasladar a los menores en remises que costean sus familias”, precisó la fuente consultada a El Tribuno.