- Dolor e indignación. Lamentablemente en la Argentina los episodios de muerte violenta en lugares de encierro no son algo nuevo. En Buenos Aires hubo un hecho luctuoso de más de 30 muertos, y otros ejemplos en Santiago del Estero y Córdoba. En este caso se trata de chicos fallecidos que despierta una congoja particular. Y sentimos rabia. Nos preocupa porque creemos que esto era evitable. Ante la situación de infracción con la ley, que no ponemos en tela de juicio, pero el Estado debe reaccionar frente a las acciones delictivas. La decisión tomada de que estos chicos permanezcan privados de la libertad por un período de tiempo que inclusive no se encuentra permitido por la ley, es lo que nos lleva a reclamar que se determinen las responsabilidades.

¿Por qué hablan de “curiosas” interpretaciones que hacen algunos jueces?

- La cárcel es el último de los recursos para los menores de edad. Esto es lo que plantea la Convención de los Derechos del Niño que está constitucionalizada en nuestro país. El Estado debe reaccionar con centros de contención y la intervención de las municipalidades y la Provincia. Eran delitos contra la propiedad en grado de tentativa, es decir que ni siquiera habían tenido consumación. Mayores de edad con estos mismos delitos pueden permanecer detenidos un par de horas. Ser menor de edad y ser pobre sigue siendo riesgoso, fundamentalmente porque la Justicia da toda la impresión que debiendo ser especializada (como es la Justicia de Menores) se muestra absolutamente insensible, rayando la privación ilegítima de la libertad.

¿Qué le pareció la actitud de las autoridades posterior a la tragedia?

- Lamentable la actitud de la Justicia de cerrar las puertas, lo cual implica apagar un incendio con nafta. Lo menos que podrían haber hecho las juezas que tenían a su cargo a estos chicos era recibir a los familiares directos y hablarles, dando en un ámbito resguardado algún tipo de explicación y de contención a los familiares.

¿Y la iniciativa en Diputados de una comisión para investigar el hecho?

- Es lo que corresponde.

¿Qué opina de la decisión extrema de liberar a todos los menores posterior a la tragedia?

- Es lo que demuestra una conducta absolutamente culposa. Esta variedad radical en el criterio y el temperamento de los funcionarios judiciales muestra una idea absolutamente culpógena por parte de los encargados de hacer cumplir la ley. Evidentemente, han estado más preocupados por los reclamos de ciertos sectores de la sociedad que por hacer lo que tienen que hacer, que es hacer cumplir la ley y garantizar los derechos.

¿Deben intervenir los otros poderes en este tema?

- Tiene que haber un accionar mancomunado por parte de los tres poderes; cada uno dentro de su esfera de competencia. En la Justicia catamarqueña conozco a varios jueces y fiscales, y sé que son gente proba, está debidamente capacitada para llevar adelante este conflicto. Tengo fundadas esperanzas de que así va a ser, lo cual no quita que los legisladores deben revisar la legislación provincial en materia de minoridad para adecuarla a los estándares internacionales.

¿Y el Ejecutivo?

- Creo que el gobierno que está por llegar debe prever los mecanismos de asistencia y promoción de los sectores más jóvenes para darles más cobertura, que es lo que hace falta, más allá de la ley penal que es el último de los recursos para los adolescentes.

¿Para un juez es difícil hilar tantos elementos?

- Los jueces son seres humanos, pero de todos modos el juez debe tener un apego último y final a la ley. Los jueces no pueden suplir el déficit del resto de los poderes. No pueden hacer asistencialismo y/o resolver conflictos sociales, lo que tienen que hacer es aplicar la ley. y si no lo cumplen, en tal caso exigirle y reclamar al resto de los poderes que no están dadas las condiciones para que se cumpla con los derechos básicos y elementales que necesita la gente. Aspiramos a vivir en una sociedad democrática donde se respeten los derechos, y sobre todo de los que menos posibilidades tienen de defenderse y de ser oídos.

Asociación “Pensamiento Penal”

El presidente de la Asociación “Pensamiento Penal”, Mario Juliano, dijo que “cuando privamos a los individuos de uno de los bienes más preciados luego de la vida, como es la libertad, si se toma esta decisión, tienen que tomarse todos los recaudos para que esto pueda ser realizado dentro de un estado de derecho. Lo contrario implica regresar o volver a la época de las cavernas o épocas que ni siquiera queremos recordar.

Es una de las asignaturas pendientes de la democracia recuperada, que las personas privadas de la libertad tengan ámbitos adecuados para ser alojadas para que el día que egresen puedan regresar a la sociedad como personas útiles y no en peores condiciones de las que ingresaron.