Una ley aprobada por la Legislatura provincial parece ser la única posibilidad real de que Mendoza tenga un protocolo, moderno y de criterio amplio, para tratar los casos de abortos no punibles. Es que el Ejecutivo provincial ha decidido no avanzar en la materia, según fuentes confiables del Ministerio de Salud.

El silencio sostenido hasta ahora por parte del gobernador Francisco Pérez y el ministro Carlos Díaz Russo es la muestra clara de que ninguno de los dos puede dejar de lado sus convicciones personales en la materia al momento de establecer una política pública que garantice el derecho de las mujeres violadas a decidir qué hacer en caso de quedar embarazadas.

Cabe recordar que ambos siempre se expresaron como antiabortistas, en sintonía con el Gobierno nacional, empezando por la presidenta Cristina Fernández. Pero esa postura filosófica no los exime en la práctica de su obligación de reglar los casos de interrupción del embarazo permitidos por el artículo 86 del Código Penal: cuando la vida o la salud de la mujer están en riesgo, si el embarazo es producto de una violación o si tiene origen en un atentado al pudor de la mujer discapacitada mental.

Además, con el silencio y la falta de acción sobre el tema, confunden a la población porque en nuestro país el aborto no es legal, excepto ante las circunstancias expresadas en el artículo 86, ratificadas también por el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 13 de marzo pasado.

En este escenario, tal vez el ministro de Salud de la Nación, Juan Manzur, quedó un poco mejor parado ante la polémica, porque sin bien nunca avaló políticamente la Guía Técnica para la Atención Integral de los Abortos no Punibles del 2010 propuesta por el programa de Salud Sexual a cargo de la licenciada Paula Ferro, tampoco actuó para dejarla sin efecto. De hecho, sigue colgada en la página oficial del Ministerio, lo cual permitió que muchas provincias la tomaran como modelo a seguir.

En Mendoza, el borrador del protocolo en algún momento, sobre todo a los pocos días de conocerse el fallo de la Corte Suprema de Justicia, comenzó a pergeñarse en algunos despachos del quinto piso, hubo reuniones para conformarlo según lo difundido oficialmente, entre el Ministerio de Gobierno, Desarrollo Social y Salud. También hubo encuentros con legisladores en los cuales se intentó avanzar en el tema.

En una de estas ocasiones, surgió la idea de que el protocolo tuviera una capítulo diferencial en el caso de las menores, para encontrar el modo de averiguar si era abusada en el entorno familiar, un modelo de declaración jurada y un seguimiento para verificar si la misma mujer había pedido otros abortos con anterioridad para ver si era víctima de su pareja.

Incluso, se afirmó que el protocolo estaría listo unos 15 días posteriores al fallo, junto con una lista de objetores de conciencia con el solo fin de garantizar que todos los hospitales tuvieran el servicio disponible.

Cambio de visión

No sólo que nada de esto ocurrió, sino que cada vez la balanza parece estar más inclinada a considerar como positivo que no exista un protocolo. Con lo cual vuelven a tener sentido las palabras de Carlos Cardello, director de Promoción y Atención Primaria de la Salud, dichas en marzo pasado: “El protocolo es algo deseable pero no impide la atención. Si hoy mismo hiciera falta, todos los médicos saben cómo actuar”. Y así se hizo en estos meses sobre cinco casos, entre los cuales se cuentan dos discapacitadas.

En resumen, si la Guía Técnica Nacional es aplicada, se respeta el criterio del fallo de la Corte de no judicializar dichos casos. Sólo falta un gesto político para poner fin a una polémica sin sentido porque el Código Penal es claro al respecto.

En Diputados

Tras reiterados pedidos al Ejecutivo para que hiciera el protocolo sobre los abortos no punibles, la diputada radical Liliana Vietti decidió presentar un proyecto de ley que le dé a la provincia un criterio claro para estos casos. En realidad, el protocolo no haría falta si los médicos y los funcionarios cumplieran con lo que expresa el Código Penal. Sin embargo, durante mucho tiempo esto no ha sido así y es necesaria una medida de este tipo, no tanto para indicar qué debe hacer un profesional, sino para que la víctima de una violación pueda reclamar de forma sencilla su derecho a solicitar el seguimiento de los criterios establecidos en el artículo 86 y el fallo de la Corte Suprema de la Nación.

La discusión en la Comisión de Legislación y Salud de la Cámara de Diputados sobre el tema se pospuso para esta semana para que el protocolo tuviera otros aportes, que no están dentro de la Guía ni en el Fallo, como por ejemplo que sean incorporados de inmediato las técnicas nuevas para hacer más segura la interrupción del embarazo, un modelo de declaración jurada simple y que la lista de objetores se haga antes de que se presente un caso. En cuanto a las semanas de gestación para practicar un aborto seguro, la idea primaria es seguir el criterio de la Guía.