La burocracia, el desconocimiento y la falta de recursos económicos son apenas algunos de los factores que llevan a que el denominado acceso a la justicia sea, desde hace décadas, muy limitado y restringido. A esto se le puede sumar otro factor, quizás el más significativo y que tiene que ver con lo convulsionada que está la Justicia mendocina.

Según un informe realizado por el área de Políticas Públicas de la UNCuyo -con datos de 2011-, de la totalidad de causas que se judicializan en Mendoza al año se resuelve sólo 30%. Esto significa que 70% restante se acumula para el año siguiente en los despachos de los jueces, aunque hay que tener en cuenta que en ese año entrante siguen ingresando causas.

“Se va comprimiendo todo y se arma una gran bola, teniendo en cuenta que todo lo que entra en un solo año se considera 100% de causas y sólo se resuelven 30%”, indicó Alejandro Belmonte, politólogo y autor del informe junto al abogado Francisco Soms, ambos integrantes de la mencionada área de la universidad

La tasa de litigiosidad (causas que llegan a judicializarse) en Mendoza es de 24.000 causas cada 100.000 habitantes por año (casi el triple de la media nacional, que es de 8.800 causas), transformándose en la provincia con mayor número de juicios del país.

“Mendoza está muy por encima de Córdoba y de Santa Fe, que son otras dos provincias que se midieron y que podrían llegar a compararse con Mendoza. En Córdoba la tasa es de 10.000 causas ingresadas por año cada 100.000 habitantes, mientras que en Santa Fe es de 14.000”, explicó Belmonte.

Para los especialistas de la UNCuyo, existen algunas medidas y reformas que se están implementando en el sistema judicial (en el mundo y en Mendoza) para, precisamente, democratizar y universalizar el acceso a la Justicia, aunque se trata de algo que requiere del trabajo y la voluntad de muchos actores (no sólo los vinculados al Poder Judicial).

“El acceso a la Justicia no significa sólo llegar al tribunal formal. Las causas se pueden resolver antes, en instancias de mediación. Incluso también se puede considerar como acceso a la Justicia hacer que la sentencia se cumpla”, indicó Belmonte, y agregó: “Para poder optimizar esto, primero es necesario tener un diagnóstico certero de cuáles son los verdaderos problemas que impiden que se pueda acceder a la justicia y, a su vez, hacer un estudio mirando tanto a las necesidades como a la oferta de justicia. Segundo, es necesario generar consenso entre todos los actores”.

El especialista resaltó que la creación de los tribunales de gestión asociada en Mendoza (impulsada por una reforma en 2010 y que tiene un pedido de inconstitucionalidad) puede funcionar como una herramienta para descomprimir los inconvenientes.

“Los tribunales de gestión asociada establecen una estructura común de gestión administrativa con el fin de hacer más eficiente algunos procesos. De esta forma, se separa la función judicial de la administrativa. Por poner un ejemplo, actualmente un juez no sólo es el responsable del tribunal sino de todo lo que tiene que ver con lo administrativo, incluso hasta de que haya tóner en la impresora. Con esta estructura de los tribunales de gestión asociada, el juez se encargaría sólo de lo judicial y lo legal, nada más”, resaltó Belmonte.

Impulsar las reformas de códigos procesales, la oralidad (para que no todo tenga que hacerse por escrito), lograr resolver conflictos en instancias intermedias (como en el caso de las mediaciones) y crear centros de acceso a la Justicia, son algunas de las reformas propuestas por el informe, que contribuirían a descomprimir el sistema. 

Sistema colapsado

Según Belmonte y Soms, el sistema judicial actual (no sólo de la provincia) está “colapsado y sin resoluciones. Pero hay gente que dice que no hace falta nada y, en algunos casos, se benefician con este panorama”.

“Sin embargo, el problema de acceso a la Justicia hoy no se soluciona poniendo más jueces porque van a seguir teniendo 24.000 causas”, reflexionó Belmonte.

Las causas de esta realidad son diversas. Por un lado, uno de los primeros condicionantes está en el dinero y la situación económica.

“Para poder tener acceso, se necesita un abogado. Mendoza no tiene actualmente patrocinio legal sin costo, aunque sí hay asesoramiento. Pero para hacer la presentación formal, cada persona necesita tener su abogado. La UBA tiene un rol muy activo en eso, con uno de los centros de patrocinio legal sin costo más importantes del país -explicó el politólogo de la UNCuyo-. Otra barrera está dada por el escaso o nulo conocimiento del lenguaje en el proceso. Muchas veces esto se ve cuando en las fiscalías, por ejemplo, se le lee el expediente a una persona y ella no comprende todos los términos”. Completó: “La cuestión territorial y los grupos vulnerables también son barreras que inciden a la hora de acceder a la Justicia”.

Para romper todas esas barreras ya se han impulsado ciertas reformas a nivel nacional y provincial. Por ejemplo, se han creado centros específicos que brindan asesoramiento e información sobre temas que tienen que ver con familia y violencia de género, entre otras cosas. Están en lugares de los considerados vulnerables. De esta forma se apunta a resolver dos problemas centrales: el territorial (la distancia con los juzgados) y el de la necesidad de justicia en esos sectores sociales.

“El rol de la universidad también es fundamental. Hay que acercar la universidad a la comunidad para tener a jóvenes comprometidos con la sociedad. Estas reformas (los centros de acceso y los tribunales de gestión compartida, entre otras) apuntan a hacer más eficiente el sistema. Actualmente existen oficios electrónicos que permiten remitir información de un organismo a otro y lo que antes se demoraba dos meses, ahora dura dos días”, destacó Belmonte.

Sin embargo, la alta tasa de litigiosidad y la duración de los procesos (el promedio en el fuero civil es de 36 meses) son grandes condicionantes para descongestionar el sistema judicial de la provincia.

“Esto sirve para entender por qué hacen falta las reformas pero no se trata únicamente de un problema judicial sino de política pública integral, porque intervienen otros actores también. Mendoza tiene reformas que se están llevando adelante y que son más que interesantes; va por buen camino. El tema de los tribunales de gestión compartida va a dar que hablar también, porque hay un pedido de inconstitucionalidad que se presentó sobre ellos. Estamos en una tercera etapa en la que se busca que la gente tenga conocimiento de sus derechos. Y, de ese modo, poder fomentar instancias intermedias que permitan bajar la tasa de litigiosidad”, sentenció Belmonte.