Pero esta vez, tiene otro efecto negativo, que pesa mucho más: por el aumento en los costos de construcción, las anunciadas 5.500 viviendas para la clase media mendocina hoy son 3.500. La mala noticia no termina ahí, ya que como los fondos se conseguirán en etapas, el número final de casas bajará aún más a medida que pase el tiempo y los valores de los materiales y la mano de obra continúen en alza.

El endeudamiento autorizado en setiembre de 2009 fue de 462 millones de pesos, que entonces alcanzaban según las proyecciones oficiales para cumplir el objetivo, pero los trámites para constituir el fideicomiso que financiará el plan jaquista llevaron demasiado tiempo y la inflación, que niega el Gobierno nacional y en la provincia intentan minimizar, se "quedó" con 2.000 casas, un número que no admiten oficialmente, aunque sí dicen que "seguramente no se van a poder hacer las 5.500".

Según datos de la Cámara Argentina de la Construcción, el costo de una casa se encareció al menos 40 por ciento en los últimos 18 meses. Para el Estado, la suba fue mayor todavía. En ese tiempo, se pasó de los 84 mil pesos por casa previstos cuando se envió el proyecto a la Legislatura a los 135 mil pesos que considera el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) que son necesarios por unidad ahora, cuando está por recibir los primeros 50 millones de pesos para empezar a construir los barrios.

Hacer casas para la clase media es una meta que se planteó el gobernador, Celso Jaque, desde que fue electo. Y si bien heredó de su antecesor, Julio Cobos, un plan en marcha (que exigía al adjudicatario tener un lote y poner 25% del valor de la obra), su objetivo era crear un programa propio que financiara la mayor parte del costo. Así, en mayo de 2008 anunció que la Provincia subsidiaría la tasa de interés que cobraran los bancos para hacer más accesibles las cuotas finales.

Pero el momento elegido no fue el mejor: por esos días, el país estaba atravesado por la puja entre el Gobierno y las entidades rurales por las retenciones a las exportaciones de cereales. Y, encima, sobrevino la crisis financiera internacional, que generó más incertidumbre y temores. ¿El resultado? Sólo un banco se interesó en la operatoria, el Credicoop, y por lo tanto la idea quedó trunca.

Un año después, en el discurso del 1° de mayo de 2009, Jaque reveló un nuevo plan para darle techo al segmento de la clase media que no llega a cumplir con todas las exigencias de los bancos. Poco después, el proyecto llegó a la Legislatura y fue el eje de una dura disputa entre el oficialismo y la oposición que duró casi dos meses, hasta que el 29 de setiembre se aprobó la ley. Pero luego, el trámite para constituir el fideicomiso no avanzó lo suficientemente rápido y recién ahora, un año y medio después, pudo cristalizarse.

Al fin, en marcha

El lunes pasado, el IPV cerró el período de suscripciones al fideicomiso que constituyó y logró ubicar bonos por 50 millones de pesos, de los cuales 42 millones fueron aportados por la Anses, 3 millones por Nación Seguros y los restantes 5 millones por seis fondos de inversión.

En los próximos días, llegará el dinero, que a valores actuales alcanzaría para 370 viviendas, y en abril se haría el primer llamado a licitación. De marchar todo sin contratiempos, el Gobierno podrá iniciar las obras del primer barrio jaquista para la clase media a mediados de año, pero como se habla de plazos mínimos de ejecución de un año, el corte de cintas inaugural quedará para el próximo gobernador.

Carmelo Simó, presidente del instituto, califica el fideicomiso en marcha como "una herramienta financiera inédita" y explica que se apunta a barrios de no más de 50 viviendas para no estirar la duración de la obra y que cada casa tendrá 54 m2 cubiertos, 10 m2 más que las de los planes nacionales. "Esta superficie extra y las mayores exigencias provinciales aumentan el costo", aclara.

Según detalla el funcionario, mientras la Nación contempla un precio de 107 mil pesos por unidad, el IPV prevé entre 135 y 140 mil pesos por las mayores exigencias provinciales (como cumplir con las normas antisísmicas). Ese monto contempla la urbanización y la construcción, porque el terreno es aportado por las entidades intermedias (cooperativas, sindicatos, etc) que se han postulado.

Simó admite que "con el paso del tiempo y los aumentos, seguramente no se van a poder hacer las 5.500 casas proyectadas con el endeudamiento que aprobó la Legislatura", pero rescata que mientras se avanzaba en la conformación del fideicomiso, la Nación subsidió la construcción de 2.500 casas en Mendoza.

Esos barrios se ejecutaron en el marco de programas que no están destinados a la clase media, sino a paliar situaciones de emergencia de afectados por el sismo en Maipú y las tormentas en Alvear, entre otros, y ahora se están gestionando fondos para otras 500 unidades habitacionales.

La idea del Gobierno es licitar este año otros 90 millones en bonos que alcanzarían para otras 650 casas. De hecho, luego del acto con el que se cerró el lunes pasado la suscripción a la primera tanda de bonos, Simó se reunió con autoridades del área de Vivienda del gobierno de Cristina Fernández y de Nación Fideicomisos para comenzar a trabajar en el lanzamiento de la segunda etapa.

De concretarse, le permitiría a Jaque terminar su gestión con un millar de viviendas para la clase media en proceso de licitación o construcción, pero ninguna terminada.