A partir de la aprobación de la Ley nacional de Fertilización Asistida, que exige la cobertura total y gratuita en casos de infertilidad en todo el país, los diferentes poderes de Mendoza analizaban ayer de qué forma podría implementarse la cobertura total en efectores públicos, no sól para aquellos que cuentan con obra social o prepaga, sino también para aquellos que ni siquiera cuentan con una cobertura mínima de salud.

Hasta ahora, en lo único en que coinciden legisladores y funcionarios del Ministerio de Salud es que la Ley se instrumentaría "prácticamente sin modificaciones", aunque sí se podría evaluar de qué forma el Estado provincial respaldaría la cobertura en los efectores públicos en caso de tener que hacerse cargo de todos los gastos.

Otra de las coincidencias que hubo ayer, tras una ronda de consultas que realizó este diario es que la Provincia esperará al menos tres meses –plazo máximo para que el Ejecutivo nacional presente el decreto reglamentario– para ver de qué modo instrumentar el servicio médico a toda la población con problemas de fertilidad.

De hecho, un experto en el área legal y técnica del Gobierno explicó a este diario que no existe impedimento para que tanto el Poder Legislativo como el Ejecutivo puedan brindar diferentes aportes y aclaró que ambos podrían ser "complementarios entre sí".

Capacitación local y presupuesto

Alicia Motta, directora de Maternidad e Infancia del Ministerio de Salud, aseguró que, al ser una ley nacional de orden pública, "la Provincia la tiene que aplicar sin demasiadas vueltas". No obstante, aseguró que el Gobierno local aguardá al menos los 90 días próximos para "estudiar cómo será el decreto reglamentario y, por tanto, definir la cuestión presupuestaria".

Mientras, el Gobierno comenzará una serie de capacitaciones para "unificar criterios en todos los efectores públicos en cuanto al diagnóstico, la derivación y hasta la contención de las parejas con problemas de fertilidad", según Motta.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, Luis Francisco (PJ), se mostró "feliz" con la aprobación de una ley nacional, aunque recordó que en Mendoza "existen varios proyectos y habría que ver si hay puntos que se pueden adaptar a la

provincia gracias al aporte del trabajo local". (N de R: la diputada Evangelina Godoy presentó el año pasado un proyecto similar).

Según Francisco, hasta que no salga el decreto que reglamente la ley a nivel nacional, "preferimos ser prudentes y estudiarla muy bien".

Una deuda: alquiler de vientre

Todas las parejas que vienen luchando en Mendoza por una cobertura gratuita de los tratamientos para la infertilidad, se mostraron felices y emocionadas ante la noticia. "Seguí toda la sesión en el Congreso con un paquete de pañuelitos en la mano. Fue muy emocionante, es histórico y ganó una larga lucha", contó Daniela Anze quien junto a su esposo, Diego Silva, buscan un hijo natural desde hace 9 años.

Para Paola Martín, de la Asociación Sumate a Dar Vida, también significa "un avance total en la legislación nacional. Algo que Argentina tenía pendiente ya que la OMS había declarado en el 2009 a la esterilidad como una enfermedad".

Sin embargo, hay algunos ítems que la nueva ley omite. El más importante, según las parejas infértiles y legisladores provinciales, es el tema de la subrrogación de vientre, es decir, el alguiler de un cuerpo ajeno para gestar al bebé. "Argentina no tiene legislación al respecto y justamente en la actualidad se está reviendo la modificación en el Código Civil. Pienso que es lo que le faltó a la nueva ley porque, en mi caso, probé todos los tratamientos y lo único que queda como posibilidad es esta. Necesito un vientre sano para tener hijos", explicó Anze.

Y agregó: "Ya que la nueva ley prevé tratamientos para parejas homosexuales y personas solteras y refleja una gran apertura mental por parte del Congreso, creo que hubiese sumado muchísimo. Pero la presidenta Cristina le prometió al Papa Francisco eliminar este tema de una ley. ¿Será por eso que se omitió?".

De hecho, la propia jurista Aída Kemelmajer de Carlucci recomendó, hace unos meses, a los legisladores mendocinos que esperasen a que "se resuelva la modificación del Cógido Civil", para ver si la subrrogación de vientre puede permitirse en el país. En este caso, se daría rienda suelta a una posible modificación local a la nueva norma.

La Nación quiere que algunos paguen

Desde el Gobierno nacional ayer también siguió reviéndose de qué forma implementar la nueva normativa nacional. Según contó ayer a una radio porteña el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, el Gobierno buscará que sean "los sectores que tienen la capacidad económica para hacerlo"; es decir, deberán afrontar los costos derivados de la ley de Fertilización Asistida que aprobó el Congreso.

El funcionario no precisó el porcentaje debería pagar la pareja y a partir de qué ingreso mensual ya no se beneficiaría con la cobertura total.