Camino al embargo. Allí se encuentra el Estado mendocino que, al promediar 2013 y en medio de la discusión parlamentaria por los números que no cierran, deberá pagar 25 millones de pesos en concepto de juicios perdidos. Tendrá que hacerlo antes del 31 de diciembre o, de lo contrario, se expondrá automáticamente al embargo de cuentas públicas.

A propósito del proyecto que busca regular la responsabilidad del Estado y que obtuvo media sanción en la cámara baja de la Nación la semana pasada, MDZ Online indagó acerca de cómo se encuentra el Estado provincial en relación a sus obligaciones. El balance que se desprende de datos oficiales de la Fiscalía de Estado está lejos de ser auspicioso.

En orden de importancia y prioridad, antes de año nuevo el gobernador Francisco Paco Pérez deberá abonar un total de 25 millones de pesos en concepto de sentencias firmes en su contra. Aunque la cifra fue incluida en la pauta de gastos de 2013 y están listas las órdenes de pago asignadas a más de miles de demandantes; el Ministro de Hacienda, Marcelo Costa, no ha tomado la “decisión política” de realizar el desembolso correspondiente, según indicaron en Asuntos Judiciales de Fiscalía de Estado.

En contra

A la fecha, el Estado provincial acumula un total de 18.800 juicios “en trámite” en su contra y, sólo en 2013, sumó 1.822 procesos judiciales, lo que se tradujo en unas 2.500 audiencias públicas.

“El Estado tiene, al menos, 80 mil empleados públicos; de esos, algunos, pueden causar en su actuar algún daño o perjuicio a un tercero, lo que implicará que el Estado deba responder. Ello corre para todos quienes conforman el Estado, desde el gobernador hasta el último empleado. Por lo que tenés un sinnúmero de causas que pueden originarles un juicio al Estado: desde un error en el Registro Civil, pasando por la Policía o el mal desempeño de un médico en un Hospital público”, justificó Pedro García Espetxe, director de Asuntos Judiciales de la Fiscalía de Estado en diálogo con MDZ Online.

Pedro García

Pedro García Espetxe, director de Asuntos Judiciales de la Fiscalía de Estado.

Explicó, en ese sentido, que la cantidad de procesos judiciales iniciados en contra del Estado provincial no resulta extraordinaria ni exacerbada si se considera el universo de personas que lo constituyen.

“El Estado no puede tener su propio seguro; sería imposible asegurar a 80 mil personas. Para que te des una idea: en la partida del presupuesto de 2014, pasamos un monto de unos 50 millones de pesos, de los que han puesto, finalmente, sólo 35 millones de pesos. Si lo analizás es una pauta ínfima para la cantidad de casos que deben atenderse”, graficó.

Añadió, en el mismo orden, que las causas de los juicios contra el Estado son múltiples y variadas pero que pueden distinguirse en dos rubros:

"Uno corresponde a daños y perjuicios y el otro refiere a todo lo concerniente a la actividad lícita del Estado acorde a la responsabilidad administrativa que posee. Aquí entran reclamos que en cuanto a lo laboral o lo salarial pueden iniciar los empleados públicos”, ejemplificó.