La situación del Fiscal de Estado de Mendoza, Joaquín de Rosas, lo ubica en un laberinto de difícil salida. Las acusaciones en su contra, que lo cuestionan tanto por su parcialidad como por su impericia en el desempeño del cargo, lo encecerraron primero a él en el atolladero para luego meter a toda la provincia en su propio brete.

Para comprender la dimensión de lo que está ocurriendo, baste recordar qué es el Fiscal de Estado: es el abogado que tiene en sus manos la defensa (que debería ser "a capa y espada") de los intereses de Mendoza. Es el custodio del patrimonio provincial y del cumplimiento de las normas constitucionales de la Provincia. En su despacho se les da vista a todas las causas administrativas, penales, civiles, laborales en las que estén en juego cuestiones que afecten a la Provincia.

Si cualquier mendocino estuviera en una situación personal que requiera de la defensa del mejor de los abogados, ¿elegiría para representarlo ante los tribunales a uno cuya actuación esté cuestionada? Peor: ¿optaría por uno a quien la evidencia lo señala como permeable a los interés de quienes son precisamente los adversarios en la causa?

Sin dudas que la respuesta sería: "No". Y habría lógica esa respuesta.

Lo que está pasando actualmente en Mendoza es que su principal abogado, aun embretado en acusaciones que lo indican reiteradamente como poco digno del cargo por el que los mendocinos lo contratamos, se aferra al cargo y se deja tironear en una puja de intereses absolutamente ajenos al Estado, por empresarios y medios de comunicación.

La institución Fiscalía de Estado está atrapada. Se confunde su necesario prestigio con el de quien se ha aferrado a la titularidad, aun bajo el máximo de los cuestionamientos posibles: no cumplir la noble función encomendada.

No es la primera vez que ocurre algo así en la provincia.

En los últimos años hemos visto cómo funcionarios pretendieron atornillarse a sus sillones aludiendo una presunta "defensa de las instituciones" a las que creían podían seguir representando con dignidad, manchados y todo como estaban, reclamando para sí los privilegios de la continuidad en sus cargos, como los principios constitucionales les sirvieran a modo de "campo de fuerza" y no como vacuna contra los disvalores en los que se puede caer en el ejercicio del cargo.

Cayeron igual, tarde o temprano. Con un agravante: aquel que demora su salida del poder perjudica por más tiempo el prestigio y la funcionalidad del cargo que ocupa, por el exclusivo beneficio personal. Condena a Mendoza al atraso institucional y la deja sin el ejercicio digno del rol que ha sido cuestionado.

Hoy, es el Jury de Enjuiciamiento el que está siendo observado por la sociedad tanto como el acusado. La dirigencia política y el propio Poder Judicial pueden quedar manchados por un tironeo en el que el gran afectado no es el señor De Rosas, sino Mendoza.

[Joaquín De Rosas-NOTA]

Pero hay una primera conclusión ineludible: la Fiscalía de Estado ha quedado vaciada de contenido. Mendoza no tiene quién la defienda con autoridad frente a la potencial rapiña de quienes pretenden sacar provecho de ella y, por lo tanto, estamos indefensos.

Nada repara los daños causados por esta situación. Mientras se discute si se habilita o no a un segundo Jury de Enjuiciamiento contra el Fiscal, se empiezan a acumular antecedentes que podrían llevarlo a una tercera situación similar.

Pero es posible morigerar ese impacto: que todo termine lo más ponto posible, que los efectos de la ausencia de institucionalidad se acorten al máximo, que se defina con urgencia la salida del cargo de Joaquín de Rosas, ya sea por determinación propia o porque quienes tienen la magnánima responsabilidad de gobernar no se hagan los distraídos en el rol que les toca cumplir en la historia de Mendoza.