Vuelta atrás todo. La Corte Suprema de la Nación devolvió las actuaciones por la sumatoria de las colectoras en Mendoza. Así pues, el recurso extraordinario presentado por el Partido Justicialista provincial para sostener a dos senadores y a cinco concejales (quienes accedieron a sus bancas sumando colectoras que obtuvieron menos del 3% de los votos) quedó en la nada.

Entonces, otra Corte, la Suprema de Mendoza debería ordenar que se cumpla el fallo que rechazó la sumatoria de esos votos y los senadores del PJ Andrés Da Rold y Leonardo Giacomelli deberían ceder sus bancas a dos radicales.

El apoderado del radicalismo, el diputado Néstor Parés, señala que ahora la Corte debería declarar nula la proclamación de los legisladores y ediles del PJ y permitir la llegada de los hombres de la UCR y el PD.

La historia empieza en la elección 2009. En aquellos días el PJ apeló a la conformación de listas espejo bajo otros sellos partidarios. Sumando los votos obtenidos por éstas, entraron al Senado Giacomelli (tercer distrito electoral) y Da Rold (segundo distrito) y cinco concejales de distintos departamentos.

El problema es que algunos meses antes se modificó el Código Electoral Nacional. El Artículo 160 de esa norma quedó redactado de la siguiente manera: "No participan de la asignación de cargos las listas que no logren un mínimo del 3% de los votos del padrón electoral del distrito".

Siguiendo lo que prescribe el Código Electoral, los sufragios obtenidos por algunas de esas colectoras no deberían haber sido sumados, porque no alcanzaron ese umbral.

Así deberían haber entrado a la Cámara Alta dos radicales: Enrique Abonassar, un contador oriundo de San Martín por el Segundo Distrito y la tunuyanina Laura Álvarez por el Tercero, así como también concejales del PD en Las Heras y San Carlos y ediles de la UCR en San Rafael, Guaymallén y Maipú.

En su momento, la Junta Electoral, conformada por toda la Corte mendocina, más el vicegobernador y el presidente de la Cámara de Diputados, proclamó a los ganadores sumando las colectoras, entendiendo que los votos estaban en la urna y era la voluntad popular expresada en el sufragio. Y esta decisión desató el reclamo judicial del radicalismo y el PD.

Ese tipo de diferendos legales deben ser resueltos por la Corte y como ese tribunal ya había preopinado en la Junta Electoral, entonces se sortearon conjueces.

En mayo de 2011 (dos años después de la elección y casi un año después de que asumieron los hombres del PJ) los conjueces dirimieron la cuestión en favor del radicalismo, sosteniendo que los votos que no alcanzaron el umbral del 3% del total de los votos emitidos no debían ser tenidos en cuenta y, por lo tanto, la proclamación de Da Rold y Giacomelli era nula.

Esta vez quien reclamó fue el PJ y llevó sus quejas ante la Corte nacional. Mientras tanto, el tiempo corría y el mandato de los ediles y los senadores seguía transcurriendo. En mayo de 2012 la Corte nacional rechazó el recurso extraordinario que planteó el Justicialismo.

El PJ volvió a la carga con un recurso extraordinario ante la Corte nacional, por supuesta gravedad institucional. Un año después, con las firmas de Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt, Enrique Petracchi y Juan Carlos Maqueda, nuevamente el máximo tribunal rechazó los planteos del PJ.

Incluso más, el rechazo de la Corte nacional hasta se reserva alguna reprimenda para la Suprema local, que avaló el segundo recurso extraordinario: "pese a la intervención anterior de esta Corte, en la cual se precisaron las necesarias pautas de fundamentación que debían ser respetadas para conceder el recurso extraordinario según tradicional doctrina del Tribunal, ello no ha sido suficiente para que los jueces del superior tribunal local extremen el rigor en el examen del asunto".

A este durísimo párrafo le sigue otro más duro aún: "las circunstancias expuestas demuestran un manifiesto desinterés en acatar las decisiones del Tribunal que, ciertamente, implica un desconocimiento de la superior autoridad de la que está institucionalmente investida la Corte Suprema".

Tras estas reprimendas, Highton de Nolasco, Fayt, Petracchi y Maqueda declaran nulo el reclamo del PJ y devuelven las actuaciones a la Corte mendocina.

Cabe recordar que la última resolución válida emitida en Mendoza fue la de los conjueces en 2011, es decir, no sumar los sufragios de las colectoras que no alcanzaron el 3% de los votos. A ese punto debería volverse y, entonces, deberían renunciar los dos senadores y los cinco concejales del PJ y dejarle su lugar a los hombres del radicalismo y el PD.