Basándose en la Ley 634 del año 2008 - cuyo artículo 1 prohíbe en los procesos mineros en San Luis el uso de sustancias químicas como el cianuro, el mercurio u otras sustancias derivadas -, el funcionario indicó que “en el caso de explotaciones de minerales auríferos no hay posibilidades de que el ministerio lo autorice porque hasta la fecha no hay ninguna modalidad productivas que no utilice sustancias toxicas; por ende no se autorizan”.

Sin embargo, desde la Red de Asistencia Jurídica contra la Megaminería advirtieron que esa normativa no está reglamentada, situación que puede ser aprovechada por las empresas para hacer "lobby" con el fin de llegar a que no se implemente.

“Encontramos más de 13 denuncios mineros, que son una de las primeras etapas de un proyecto minero. Once están integrados a particulares y dos a empresas mineras canadienses: una es TNR GoldCorp, que tiene un proyecto en La Carolina, tiene una propiedad muy grande que se la compró a otra empresa minera canadiense. O sea, no solo se están habilitando sino que se están habilitando negocios en las empresas mineras en la provincia”, explicó Soledad Sede, coordinadora de REDAJ.

“La otra empresa – también canadiense – se llama Meritus Mineral. El representante legal de esta empresa es Carlos José Antonio Sergnese. Entonces, nosotros paramos las antenas ante esa situación, y encontramos otros proyectos que si bien no estuvieron habilitados entre el 2008 y la actualidad, están avanzando en la Dirección de Minería y las empresas los están promocionando en el exterior para obtener financiamiento y seguir obteniendo permisos para llegar a la explotación”, completó Sede.

Con ese panorama la REDAJ y la asamblea ciudadana “del Buen Vivir” plantean que no hace falta que las mineras realicen la explotación sino que se debe actuar antes. “Pidamos que se reglamente la ley. Que no esté reglamentada quiere decir que ninguno de los Ministerios actúa como responsable último de la implementación de la Ley”, agregó la referente de REDAJ.

“Si tenemos una Ley que prohíbe la megaminería, reglamentémosla, ordenémosle a la Dirección de Minería que deje de dar permisos y habilitaciones, y así todo funciona de manera más coordinada y coherente respecto a la legislación que tiene la provincia” concluyó Sede.