Hacia la mediatarde y después de varias horas desde el inicio, concluyó ayer una nueva jornada del megajuicio que, desde el 17 de febrero, se sustancia ahora en la sala de debates del primer piso de los Tribunales Federales. En esta jornada se terminó con la lectura de las declaraciones indagatorias que Otilio Roque Romano hizo ante el fiscal entre agosto y diciembre de 2010.

En ellas se relató cada una de las casi 100 causas que lo tienen como imputado y que ahora, después de un pedido del Ministerio Público y los abogados querellantes, tiene una calificación de homicidio agravado por alevosía; tormentos agravados por la condición de perseguidos políticos de las víctimas y allanamientos ilegales, sumándole la asociación ilícita que lo también involucra junto a los ex magistrados Luis Miret, Evaristo Carrizo y Guillermo Max Petra Recabarren.

El debate a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1, tendrá su continuidad el próximo martes, desde las 9.30, día en que está previsto que declaren Miret y los policías Lorenzo y González Camargo.

En varias jornadas se escuchó lo declarado por Romano, cuando reiteró la imposibilidad de actuar sobre hechos que, en ese momento, desconocía. Sus dichos incorporados en una serie de actas, ahora quedaron expuestos ante el público que ocupa todo el espacio de la sala.

Concretamente en su declaración expresó: "La ley decía que éramos incompetentes, ello hasta 1983. Nosotros procedíamos con la buena fe que teníamos, pero estábamos amenazados. Procedíamos como podíamos con los elementos que teníamos. Las investigaciones determinaban que no habían autores conocidos, no se podía investigar. Por ejemplo uno mandaba un oficio a una comisaría y ellos lo mandaban al Comando, el que contestaba a los tres meses, y ¿qué podíamos hacer con el General? ¿Lo citábamos?...".

Romano, según se conoció ahora, anunció su intención de renunciar a su cargo de camarista federal, al asegurar que tenía acordada una entrevista el 6 de diciembre de 2010, con el subsecretario de Justicia de la Nación, Héctor Masquelet. Sin embargo y como quedó demostrado después, la historia fue otra.

Textual

En su declaración de hace tres años y algunos meses, ahora leída en la audiencia, Romano dijo en su defensa: "Tampoco se ha merituado, como dije anteriormente, los sobreseimientos, la abstención de acusar, ni las amenazas a las que nos sometían. Estoy seguro de que todos los que han sido indagados han hecho referencia a ello; al juez Agüero le colocaron una bomba, que tratamos de investigar y ¿a que conclusión llegamos?A ninguna".

"Bombas había todos los días, luchas intestinas había todos los días, se vivía un estado de guerra, aunque el mismo Ejército la negara para que no interviniera la convención de Ginebra. Uno no sabía si los desaparecidos eran desaparecidos o si pasaban voluntariamente a la clandestinidad, como públicamente ellos lo decían, si se escapaban al extranjero o simplemente se escondían y obviamente no se lo iban a contar a la familia, porque eran organizaciones cuasicastrenses, donde actuaban también con un secreto sepulcral y en organizaciones celulares, por lo que era difícil determinar quiénes eran los mentirosos".

"Si las únicas autoridades públicas constituidas o los que se presentaban denunciando desapariciones. Luego, los estudios posteriores, muchos de ellos también mentirosos, que determinaron la existencia de ocho mil y algo desaparecidos, que se exageran hasta treinta mil y en eso estoy citando a Fernández Meijide, nos da la muestra de que todo era una confusión y que se utilizaba con fines políticos de uno y de otro bando, por lo que era muy difícil conocer la verdad".

"Los centros de detención donde alojaban a los desaparecidos, eran centros clandestinos, reconocidos por el propio juez Bento y el fiscal Palermo. Si eran clandestinos, no eran conocidos para nosotros y no consta en el expediente una sola prueba directa de que cualquiera de nosotros haya estado en algún centro clandestino".