El caso de la megaevasión sojera que se tramita en el Juzgado Federal de Villa María, y que tiene implicado a un ex ministro radical y a un presunto recaudador del peronismo cordobés, no tardará en llegar a la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba. En efecto, el fiscal actuante, Facundo Trotta, planteó ayer la nulidad de la resolución que dispuso la prisiones domiciliarias para 2 de los 13 detenidos, por considerar que el conjuez Raúl Camandone violó normas procesales al conceder tales beneficios.

Según pudo establecer LA MAÑANA en medios allegados al caso, Camandone omitió correr traslado a Trotta antes de sacar de la cárcel y enviar a su casa a Luis Fernando Farías, ex ministro de Agricultura de la Provincia, durante el segundo mandato de Eduardo Angeloz, y a Fernanda Paulus, esposa de Fernando Cuello, a quien se señala como “cabeza” de la aparente organización y que entre 2005 y 2007 habría emitido facturas por prestaciones “sospechosas” a la Agencia Córdoba Turismo.

Como órgano acusador, la Fiscalía hubiese tenido al menos la posibilidad -en caso de contar con datos objetivos- de oponerse a que se concedieran las prisiones domiciliarias. Y está claro que la causa está totalmente activa, ya que se siguen solicitando allanamientos en aras de conseguir más material probatorio al ya existente en autos. Y además dos personas permanecen prófugas.

Camandone probablemente no haga lugar al pedido de nulidad, con lo que Trotta emprendería el camino a la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, que preside Luis Roberto Rueda.

Para este alto cuerpo la megacausa que se tramita en Villa María no es un tema desconocido, ya que fue el encargado de conceder permiso al juez titular, Roque Rebak, para tomarse unas vacaciones de 40 días (está en Europa), aceptando al mismo tiempo a Camandone como reemplazante inicial por 20 días (luego seguirá por 10 días el secretario penal del Juzgado Eduardo Caeiro y por otros 10 días el secretario civil Eliseo Alejandro López. Todo ello a través de la resolución 38/2012, que lleva la firma del vocal Ignacio Vélez Funes.

Además, la Cámara podría llegar a analizar si es verdad que, para litigar en Río Tercero, Camandone no fijó domicilio en alguna oportunidad en el despacho de un conocido abogado riotercerense (sería Carlos Ignacio Ríos), quien estaría actuando en la causa como defensor de alguno de los detenidos. Si este dato fuera corroborado (y más allá de la amistad de Camandone con el ex legislador radical Luis Caronni, defensor de Farías), se le podría solicitar el apartamiento.