En la quinta jornada del histórico juicio por crímenes de lesa humanidad, el tribunal no dio lugar a la la recusación contra los fiscales ad hoc. Familiares de las víctimas indignados con los dichos de la defensora Jorrat. Imputado solicitaron por un abogado de Clarin.
Casi todos los imputados, entre ellos el sacerdote José Mijalchyk y el escribano Juan Carlos Benedicto, los primeros acusados en Tucumán que no pertenecen a las fuerzas armadas o de seguridad, están presentes en la sala y el penal de Ezeiza (a través de videoconferencia). En esta etapa pueden estar en sala contigua.
El TOF también rechazó la recusación contra los fiscales ad hoc.
Julieta Jorrat, defensora de uno de los ex policías, pidió la nulidad de la audiencia, de la síntesis, la separación de los juicios y recusó a los fiscales. Cuando dijo que su defendido es "un perejil", que hay familiares de victimas de la dictadura que cobran pensiones y que no se sabe si los desaparecidos están en otro país, la indignación recorrió el sector donde están sentados los allegados a las victimas.
Ante la reacción aireada de los familiares de los desaparecidos, el presidente del TOF, Carlos Jimenez Montilla amenazó con desalojar la sala, por lo que los ánimos se fueron templando de a poco.
Cuatro imputados pidieron por una abogado de Clarin
Cuatro imputados en una causa por delitos de lesa humanidad le escribieron una carta al juez y consejero, Ricardo Recondo, para que intervenga por ellos en el marco de la investigación que se desarrolla en la provincia de Tucumán, pedido que el magistrado dejó asentado en un expediente en el Consejo de la Magistratura.
La carta que recibió Recondo, fechada el 26 de octubre en San Miguel de Tucumán, lleva la firma de Augusto Neme, Jorge Lazarte, Juan Abraham y Fernando Torres, todos imputados en el marco de la megacausa por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar cuyo juicio oral comenzó esta semana en esa capital provincial.
Según se desprende de la misiva a la que accedió Télam, los imputados intentaron convocar a Recondo tras ver el papel que desempeñó en defensa de los intereses del Grupo Clarín al internar designar arbitrariamente a los jueces que deben fallar respecto del pedido de inconstitucionalidad del grupo sobre un artículo de la nueva ley de medios.
“Estimado doctor, verlo defendiendo junto a otros distinguidos argentinos, el órgano constitucional del Consejo de la Magistratura, soportando personalmente el embate avasallador y dictatorial del gobierno actual nos habre una esperanza”, le escriben con tono de camaradería.
En concreto, estos hombres acusados, entre otras cosas de privación ilegítima de l libertad y de torturas, le señalan al magistrado que “lo óptimo sería contar con su grata presencia o alguien que lo represente, y de última seguir el debate por teleconferencia”.
En el mismo tono le señalan que “cualquier cosa que usted decida para nosotros será un verdadero mundo” y le aseguran que “el simple anuncio de su presencia en cualquier momento del debate, ayudará a equilibrar la balanza”.
Al recibir la carta, el magistrado no desechó la misma sino que decidió remitirla al presidente del Consejo, Manuel Urriza, para que decidiera que hacer con ella.
El reenvío de la correspondencia de Recondo a Urriza, “a los efectos que estime corresponder” se produjo el 13 de noviembre y también quedó registrado en el expediente.
Los firmantes se encuentran imputados en la megacausa por delitos de lesa humanidad cometidos en Tucumán entre 1976 y 1982, en perjuicio de 235 víctimas que habrían sido vistas o se supo que estuvieron en los centros clandestinos que funcionaron en la Jefatura de Policía y el Arsenal Miguel de Azcuénaga.
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