El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Salta convocó a los últimos testigos que prevé escuchar antes de dar la oportunidad de hablar a los acusados que deseen hacerlo y comenzar a escuchar los alegatos de las partes. La intención es que la sentencia se conozca a mediados de octubre.

El juicio se viene realizando desde mayo de 2012 y se prevé que la sentencia se conozca a mediados de octubre. El juicio contiene 16 causas (en las que había 20 imputados, dos murieron el años pasado) por crímenes de lesa humanidad. Los imputados son juzgados por los 34 hechos cometidos en la provincia de Salta entre los años 1975 y 1978.

Entre los acusados se encuentra el ex jefe del Ejército Héctor Luis Ríos Ereñú; Joaquín Guil, Juan Carlos Alzugaray, Carlos Alberto Mulhall, Jacinto Ramón Vivas, Felipe Caucotta, Miguel Raúl Gentil, Julio Oscar Correa, Raúl Eduardo Toledano, Mario Reinaldo Pachao, Virtom Modesto Mendiaz, Juan Manuel Ovalle, Ricardo Benjamín De la Vega, Fernando Antonio Chain, Marcelo Diego Gatto y Joaquín Cornejo Aleman.

Abel Murúa falleció en agosto de 2012, mientras que Ubaldo Tomislav Vujovich murió en Tucumán a principios de diciembre.

En la causa se investigan, entre otros hechos, la privación de la libertad y homicidios de Silvia Benjamina Aramayo, Martín Miguel Cobos, Víctor Mario Brizzi, Carlos Estanislao Figueroa Rojas, Héctor Domingo Gamboa y Gemma Ana María Fernández Arcieri de Gamboa, algunos de ellos docentes de la Universidad Nacional de Salta.

Por su parte querellantes en el megajuicio anunciaron que evalúan la posibilidad de recusar al Tribunal en pleno. Es que entienden que los jueces Carlos Jiménez Montilla, Marcelo Juárez Almaraz y Martha Liliana Snopek adelantaron opinión al resolver sobre un pedido de ampliación de acusación respecto del teniente Ricardo Benjamín Isidro de la Vega, quien venía siendo juzgado como partícipe secundario (el que coopera para la ejecución de un hecho) de la privación ilegítima de la libertad que sufrió el conscripto Víctor Mario Brizzi, que está desaparecido desde el 8 de marzo de 1976.

Con diferencias de matices, en la última audiencia, el lunes último, tanto el fiscal Ricardo Toranzos como el querellante David Leiva plantearon que De la Vega debía ser imputado también por la desaparición (el homicidio) de Brizzi.