En octubre se podría dictar condena en el juicio oral y público de la megacausa "Arsenales II- Jefatura de Policía II", que indaga sobre crímenes contra los derechos humanos cometidos contra 215 víctimas en los dos más sangrientos centros clandestinos de detención que funcionaron en Tucumán durante la última dictadura militar.

Así lo estimó el secretario del Tribunal Oral Federal de Tucumán (TOF), Mariano García Zavalía, quien informó que todavía falta escuchar la versión de aproximadamente 50 testigos, con lo cual el esperado fallo podría ser dado a conocer a mediados de octubre.

El debate, que comenzó en noviembre de 2012, se desarrolla todos los días jueves y viernes en la sala del TOF, que está ubicado en calle Chacabuco y Crisóstomo Alvarez de la Capital provincial.

En el juicio, que es el sexto que se realiza en nuestra provincia por delitos de lesa humanidad perpetrados durante los "años de plomo", están sentados en el banquillo de los acusados 41 imputados, entre militares, ex policías, civiles, entre ellos el escribano Juan Carlos Benedicto, y el cura católico José "Pepe" Mijalchik.

De los imputados, 32 están detenidos en la cárcel de Villa Urquiza en Tucumán, 8 en el Hospital Penitenciario de Ezeiza, en Buenos Aires (estos participan a través de videoconferencias), y uno con prisión domiciliaria por razones de salud.

Desde el inicio del juicio, uno de más importantes que se realiza en nuestro país referido a los crímenes de la dictadura -por la cantidad de víctimas, testigos e imputados-, ya declararon unos 250 testigos. El relato de estas personas es la prueba más importante sobre el horror que vivieron decenas de víctimas en los centros clandestinos de detención que funcionaron en la ex Jefatura de Policía de Tucumán y el ex Arsenal Militar Miguel de Azcuénaga.

Cabe recordar que el Tribunal Oral Federal de Tucumán está integrado por los jueces de Cámara Carlos Enrique Ignacio Jiménez Montilla, Gabriel Eduardo Casas y Juan Carlos Reynaga (subrogante); en tanto que interviene como juez sustituto Hugo Cataldi.

La parte acusadora se integra con los fiscales federales Leopoldo Oscar Peralta Palma, Pablo Camuña y Patricio Rovira y ocho abogados querellantes. La defensa de los acusados, en cambio, está a cargo del letrado oficial Ciro Vicente Lo Pinto y cinco profesionales que lo acompañan, además de cinco letrados particulares.